A pesar de que también forman parte del Sistema de Justicia dominicano los defensores públicos no han recibido aumento salarial; mientras que los empleados del Poder Judicial y del Ministerio Público sí, por esta razón exigen que les equilibren los salarios.Y es que basado en el principio de “a igual trabajo, igual salario”, los más de 350 defensores que tiene la República Dominicana, esperan que también se les tome en cuenta y que se le asignen oportunamente los recursos a la Oficina Nacional de la Defensa Pública, para que pueda existir equidad salarial entre los integrantes del Sistema de Justicia, como ocurrió en el año 2008.
La coordinadora nacional de la Defensa Pública, Laura Hernández, explicó que para el presupuesto de este año solicitaron un incremento de 400 millones de pesos, que permitirían la expansión de las sedes de la DP a nivel nacional, el ingreso de nuevos defensores y el aumento salarial, pero el Congreso sólo les aprobó 50 millones.
“En la Defensa Pública tenemos una gran deficiencia y una falta de personal que se debe evidentemente a la falta de recursos económicos. Por ejemplo este año no podemos abrir concurso de defensores, teniendo una necesidad de aumentar el número, porque el aumento en nuestro presupuesto fue más un ajuste por inflación”, dijo.
Deficiencia presupuestaria
Explicó que la DP es una institución en constante crecimiento y que con mucho esfuerzo fue posible, abrir este año las sedes de Neiba y Elías Piña, aunque tenían programado abrir 10 sedes más.
Resaltó que en el país existen 26 sedes de esa institución, las cuales tienen como misión brindar servicio de defensa legal gratuita, por medio de un cuerpo de abogados altamente calificados, dirigido a las personas privadas de su libertad o vinculadas a un proceso judicial, que carecen de recursos económicos para pagar un abogado o que por cualquier causa no tengan uno.
Hernández agregó que algo que ha sido muy perjudicial para la DP son las grandes diferencias en el aumento presupuestario de los operadores, porque ha traído como consecuencia, un mayor desequilibrio entre profesionales que trabajan al mismo nivel.
Detalló que por ejemplo mientras un defensor público gana 55 mil pesos, un fiscalizador de nuevo ingreso del Ministerio Público devenga un salario de 70 mil pesos y un juez de paz, tiene un sueldo de 108 mil pesos. “Las diferencias son abismales y por eso se impone que se equilibren los salarios”, explicó.
Aún con deficiencias garantizan la defensa
Cada defensor atiende, en promedio 350 casos, muchos de los cuales se extienden durante extenuantes jornadas. Aunado a ello, existe un déficit de al menos 200 defensores que se necesitan para enfrentar la sobrecarga de expedientes y la creciente demanda del servicio; pero esto no amilana a los integrantes de la Defensa Pública, quienes ponen todo su empeño y profesionalismo para garantizar la defensa de quienes más lo necesitan.
