El representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Rodrigo Castañeda, asegura que la inseguridad alimentaria severa disminuyó un 2%, durante el 2020 y el 2022, mientras que el 70.1% de la población dominicana tiene exceso de peso.
Castañeda expresó que la prevalencia de la subalimentación y el hambre en la República Dominicana continúa con una tendencia a la baja, pasando de un 8.3% en el trienio 2018-2020, a un 6.3% en el trienio 2020-2022. No obstante, explicó que la lucha continúa, debido a que aún hay gente que todavía padece hambre. “Hay que extremar los esfuerzos y aumentar el trabajo en conjunto, porque hay programas donde los alimentos no llegan a la gente que los necesita”.
En este tenor, añadió que si se aumenta la coordinación entre la protección social, los comedores económicos, el sector privado, los bancos de alimentos y la sociedad civil, se lograrán avances más significativos.
De igual manera, declaró que en el país las provincias donde más hambre se sigue padeciendo según la encuesta En mi Hogar de las Naciones Unidas son: Elías Piña, San Juan y en otras zonas cercanas a la frontera.
El representante de la FAO en el país dijo que uno de los problemas que ha representado un reto en la lucha contra el hambre es el desperdicio de alimentos, razón por la que asegura que en América Latina se desperdicia el 12% de los alimentos que se producen.
Estas informaciones fueron ofrecidas durante el octavo seminario “Ganancias Sostenibles”, titulado “Gestión de Residuos Sólidos y su impacto ante el Cambio Climático”, que organiza la Red Nacional de Apoyo Empresarial a la Protección Ambiental (Ecored).
El seminario también contó con la participación de la presidenta de la Red Nacional de Apoyo Empresarial a la Protección Ambiental (Ecored), Dania Heredia, quien reveló que la República Dominicana es uno de los países del mundo más vulnerables al cambio climático. Explicó que estos riesgos al que el país se enfrenta implican efectuar acciones preventivas de impacto ambiental, social y económico que puedan mitigar los efectos ante el cambio climático y sus riesgos.
