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La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, ha desatado una ola de reacciones tras anunciar una querella penal por difamación e injuria contra los comunicadores Ángel Martínez e Ingrid Jorge, exigiendo una indemnización de 50 millones de pesos por cada uno. La cifra elevada y la naturaleza del caso han generado debate sobre los límites entre la libertad de expresión y el derecho al honor.
El abogado de Raful, Miguel Valerio, aseguró que la cantidad no es arbitraria, sino que responde a cálculos basados en el impacto y rentabilidad de las plataformas digitales donde se habrían difundido los supuestos comentarios falsos. “Cada like, cada view, cada comentario tiene valor económico”, dijo en una entrevista reciente.
Según Valerio, los comunicadores habrían emitido declaraciones consideradas “totalmente falsas”, “hirientes” y con intención deliberada de dañar la imagen pública de Raful. Estas acciones, según su defensa, van más allá de una crítica legítima y entran en terreno de la calumnia y la injuria.
Entre los puntos destacados del argumento legal están:
- Las declaraciones fueron hechas en espacios públicos y con gran alcance digital.
- Se calcula el impacto financiero derivado de la viralidad de los contenidos.
- Se analiza el posible lucro de los comunicadores mediante estas publicaciones.
- Se solicita no solo disculpas públicas, sino también compensación económica.
- El objetivo es “poner freno a quienes usan redes sociales para atacar sin pruebas”.
Reacciones de los comunicadores y el entorno político
Tanto Ángel Martínez como Ingrid Jorge han respondido públicamente a la noticia, negando haber cometido actos ilegales y defendiendo su derecho a ejercer una comunicación crítica y alternativa. Algunos sectores políticos y medios independientes han señalado que la acción legal podría tener tintes de intimidación hacia voces disidentes.
Desde el entorno de Raful, sin embargo, insisten en que esta no es una medida política, sino un acto de responsabilidad ciudadana ante el uso irresponsable de la palabra en espacios con gran alcance.
Bajo el marco legal dominicano, la Ley de Responsabilidad Penal por Daños y Perjuicios permite presentar querellas cuando se demuestra que ciertas declaraciones han afectado gravemente la honra y dignidad de una persona. En este sentido, el hecho de que los comunicadores manejen audiencias significativas puede influir en la gravedad del daño causado.
Aunque el Código Penal Dominicano contempla sanciones penales por difamación, el componente económico como parte de una indemnización civil es menos común y puede abrir nuevas interpretaciones legales.
