Lo que empezó en el año 1993 como el proyecto de vida de familias que habían ahorrado por años para asegurar su futuro inmobiliario, rápido se convirtió en pesadilla.
Al punto de que los nietos de esos hombres y mujeres que con sueños y anhelos compraron su primera vivienda en la ribera de un brazo de la cañada Guajimía, viven junto a sus familiares la pesadilla de las constantes inundaciones cada vez que llueve.
Esto así porque Álamo continuó su crecimiento y desarrollo, al pasar de ser un pequeño proyecto a un conglomerado de siete residenciales que, como hijo mayor abandonado por sus padres (las autoridades), Álamo 1ero carga los males pluviales de los otros seis residenciales, Los Felipe, San Benito, Santa Marta y Paraíso de Alamo.
Una residente que adquirió su vivienda en el año 1993 y se mudó tres años después, narró a elCaribe que el drenaje no parecía ser un problema, porque la cañada cercana estaba en su cauce.
Sin embargo, agrega: “La situación se complicó porque el entonces alcalde Rafael Suberví comenzó a otorgar permisos para la instalación de empresas y allí comenzó la verdadera tragedia”.
Una de las empresas (Marvar & Asoc. S.R.L), se instaló justo en la orilla de la cañada y años después y sin una nueva autorización decidieron ampliarse y colocar una pared, con la cual cerraron en más de un 80% el flujo de la cañada.
Todo esto sumado al desarrollo habitacional en la zona, agudizó el problema al punto que, al día de hoy hay hay 16 viviendas en total abandono debido a que cada vez que llueve, el agua se acumula y la arropa.
En un principio, las lluvias solo afectaban el paso de la calle Rafael Pérez, pero luego de la ampliación de Marvar, las casas se inundan, muchas de ellas en un 100 por ciento.
Sonalis Pimentel, presidente de la junta de vecinos de la Urbanización Álamo 1ero. explicó que la empresa no dejó el margen de los 30 metros de protección de área y tampoco colocó las alcantarillas que requiere el relleno que hizo para ampliar sus actividades comerciales.
Lucha y posible solución
Tras años de gestiones en diversas instituciones públicas, la actual junta de vecinos logró la aprobación de la intervención de la cañada.
Para esos trabajos, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones dispuso de 183 millones 728 mil 517 pesos con 90 centavos, cuya licitación se adjudicó a la empresa Camilo J. Hurtado C, Ingenieros Asociados, SRL.
La obra se adjudicó el 5 de marzo 24 en la gestión de Deligne Ascención Burgos, pero a pesar de eso no se vislumbra solución a corto plazo.
A más de un año de la adjudicación, los residentes ahora se enfrentan a una empresa que a pesar de haber recibido una primera parte del dinero (20% de anticipo), no empiezan los levantamientos. También faltan permisos para que la empresa obstructora del cauce de la cañada permita que se rompa la construcción ilegal que levantó. Ante esta dejadez, los residentes exigen a Camilo J. Hurtado C, Ingenieros Asociados, SRL que pida la intervención del Gobierno para que la empresa inicie los trabajos.
