Santo Domingo.– La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) manifestó su profunda preocupación por la forma en que fue aprobada la reforma al Código Procesal Penal el pasado jueves 9 de octubre en el Senado de la República.
De acuerdo con la entidad, el proyecto aprobado no corresponde a lo discutido y consensuado previamente en la Comisión de Justicia de la Cámara Alta, lo que calificó como una “mala señal” para la institucionalidad democrática del país.
FINJUS reconoció el trabajo realizado por la Comisión de Justicia y exhortó a que este sea respetado, tal como establece el procedimiento legislativo.
Llamó al Senado para retomar el espíritu de consenso que inspiró la reforma original y abrir un debate amplio y participativo que involucre a la comunidad jurídica y a la sociedad en general.
Asimismo, recordó que desde sus orígenes ha impulsado que cualquier reforma de esta naturaleza se construya sobre la base de un proceso amplio de deliberación y transparencia.
La organización lamentó que el debate sobre esta modificación no se abriera lo suficiente a la ciudadanía, lo que, a su juicio, pudo haber evitado la situación actual.
Señaló además que el texto aprobado se aparta de lo trabajado en la comisión y contradice decisiones importantes del Tribunal Constitucional en los últimos años.
FINJUS destacó que el Código Procesal Penal de 2002 representó un hito en la historia jurídica dominicana al modernizar el sistema de justicia penal, y advirtió que los avances logrados no deben ponerse en riesgo.
“El debido proceso, consagrado como derecho constitucional, no puede ser vulnerado bajo ninguna circunstancia”, destacó.
