Santo Domingo.- La Fundación Institucionalidad y Justicia, (FINJUS) expresó nuevamente su preocupación por las constantes convocatorias a paros realizadas por la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), al considerar que estas afectan de manera directa la calidad del sistema educativo.
Según la entidad, las interrupciones reiteradas de la docencia, junto con decisiones que reducen los estándares de preparación y desempeño del profesorado, han sentado un precedente peligroso que profundiza el deterioro de la educación en el país.
FINJUS reconoció la legitimidad de las reivindicaciones sindicales y el derecho constitucional a la huelga, pero advirtió que estos no pueden anteponerse al cumplimiento del mandato superior del Estado: garantizar el derecho fundamental, universal e inalienable a la educación, tal como establece el artículo 63 de la Constitución.
“Resulta inadmisible que, en un país con uno de los más bajos resultados en evaluaciones internacionales, se premie la baja preparación y el debilitamiento del compromiso docente, en lugar de incentivar la excelencia académica”, señaló la organización, al destacar que esta situación no sólo afecta el aprendizaje de los estudiantes, sino que también amplía la brecha entre la educación pública y privada.
La fundación subrayó que la inestabilidad del sistema refleja la ausencia de un régimen de consecuencias frente al incumplimiento reiterado de las obligaciones docentes. En ese sentido, hizo un llamado urgente a las autoridades para implementar mecanismos legales y constitucionales que armonicen el derecho a la huelga con el derecho superior a la educación.
Asimismo, criticó que las convocatorias a paros, en muchos casos, no representan una verdadera defensa del derecho a la educación, sino que responden a intereses gremiales, políticos o sectoriales, lo que desvirtúa la misión del magisterio y coloca a los estudiantes en una situación de vulnerabilidad.
Como alternativas, FINJUS propuso que los incentivos y beneficios docentes estén condicionados al cumplimiento del calendario escolar, de manera que bonos, ascensos y mejoras salariales dependan del respeto a los días de docencia. También sugirió establecer mecanismos de consenso obligatorio en los conflictos laborales del sector educativo, evitando paralizaciones que interrumpan el aprendizaje.
De igual forma, planteó la creación de un sistema legal que garantice un servicio educativo mínimo en contextos de huelga, preservando un porcentaje de clases que aseguren la continuidad de la enseñanza. Para ello, se debería aprobar un reglamento que clasifique y sancione las faltas leves, graves y muy graves relacionadas con la suspensión de la docencia.
La organización recordó que este es un tema complejo, pues involucra derechos fundamentales reconocidos constitucionalmente. Citó la sentencia TC/0064/19 del Tribunal Constitucional, la cual establece que las limitaciones al derecho de huelga deben destinarse exclusivamente a garantizar servicios mínimos y que toda paralización prolongada e indiscriminada de la docencia afecta de manera directa el derecho de los niños, niñas y adolescentes a recibir educación en tiempo y forma.
Finalmente, FINJUS advirtió que la educación no puede ser rehén de prácticas gremiales ni de concesiones que comprometan su calidad, y llamó a adoptar medidas firmes, inspiradas en la Constitución y en el interés superior de la niñez, para detener el deterioro progresivo del sistema educativo y asegurar un futuro con mayores oportunidades de desarrollo humano y social para el país.
