Santo Domingo.– El vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), Servio Tulio Castaños Guzmán, destacó los avances contenidos en la nueva Ley de Contrataciones Públicas y su reglamento de aplicación, al considerar que el nuevo marco normativo fortalece la transparencia, la eficiencia administrativa y la seguridad jurídica en el sistema de compras del Estado.
«El nuevo marco normativo surge como respuesta a las limitaciones evidenciadas durante más de dieciocho años de aplicación de la Ley núm. 340-06, la cual resultó insuficiente para garantizar un uso eficiente, transparente y estratégico de los recursos públicos. Entre sus principales debilidades se encontraban la permisividad del fraccionamiento de procesos, la delegación irregular de competencias, la falta de autonomía del Órgano Rector y un régimen de consecuencias débil, factores que favorecian prácticas discrecionales y distorsiones de carácter clientelista», dice el documento.
La entidad señaló que la legislación introduce mejoras significativas frente al régimen establecido por la Ley núm. 340-06, vigente durante más de 18 años, el cual presentaba limitaciones relacionadas con el fraccionamiento de procesos, la discrecionalidad administrativa y la debilidad del régimen de consecuencias.
FINJUS explicó que la nueva normativa establece reglas claras alineadas con estándares internacionales, incorpora principios de planificación, rendición de cuentas y control en todas las etapas de los procesos de contratación, y delimita de manera precisa las modalidades de compras públicas.
«La nueva legislación introduce reglas claras, modernas y alineadas con estándares internacionales de integridad pública y derecho administrativo. Establece principios transversales de planificación, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas en todas las etapas contractuales, fortaleciendo la seguridad jurídica y el clima de inversión, tanto para empresas nacionales como extranjeras», manifestó.
Entre los aspectos resaltados figuran la prohibición expresa del fraccionamiento de contratos, la regulación de las declaratorias de urgencia y emergencia, el fortalecimiento institucional de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y la incorporación de mecanismos de control interno, externo y social.
La fundación también valoró la inclusión de medidas orientadas al desarrollo productivo, como la reserva del 30 % de las contrataciones públicas para las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), de las cuales un 10 % estará destinado a empresas lideradas por mujeres.
«Un aspecto especialmente relevante es la incorporación de políticas de inclusión y desarrollo productivo. La ley establece una reserva presupuestaria del 30 % para las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), destinando un 10 % de ese porcentaje a empresas lideradas por mujeres. Esta medida no solo promueve la equidad, sino que fortalece el tejido productivo nacional, impulsa la innovación y genera empleo, contribuyendo a un crecimiento económico más sostenible e inclusivo», explicó la nota de prensa.
Asimismo, destacó la incorporación de herramientas como los acuerdos marco para la adquisición de bienes y servicios de uso frecuente y la regulación de la administración y ejecución de los contratos públicos.
FINJUS indicó que participó durante más de una década en el proceso de análisis y formulación de propuestas para la reforma del sistema de compras y contrataciones públicas.
«La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) ha desempeñado un rol clave en este proceso. Durante más de una década, ha impulsado de manera constante la reforma integral del sistema de compras y contrataciones públicas, aportando análisis técnicos, propuestas normativas y espacios de diálogo multisectorial. Muchas de las disposiciones contenidas en la nueva ley responden a recomendaciones orientadas a consolidar una cultura de transparencia, legalidad y buen gobierno», expresó.
