La muerte de un chofer de camión recolector en Santiago, tras ser perseguido y atacado por un grupo de motoconchistas, reactivó el debate sobre el desorden vial y el control de las motocicletas en República Dominicana. El caso ocurrió en las inmediaciones del Palacio de Justicia de esa ciudad y derivó en la detención de ocho personas, según reportes policiales y de prensa.
A partir de ese hecho, el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), Servio Tulio Castaños Guzmán, sostuvo que el país necesita una respuesta “firme, extraordinaria y sostenida” frente al deterioro del orden público asociado al tránsito y al crecimiento desregulado del parque de motocicletas.
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FINJUS eleva el tono del debate
La posición de FINJUS plantea que el fenómeno dejó de ser una simple expresión de informalidad del transporte y exige ser abordado como un problema estructural de seguridad ciudadana. En su argumentación, Castaños Guzmán vinculó la falta de fiscalización, la permisividad institucional y la impunidad con el fortalecimiento de prácticas que, a su juicio, desafían la autoridad del Estado.
El reclamo ocurre en un contexto donde las motocicletas concentran la mayor parte del parque vehicular nacional. La DGII reportó 3,846,694 motocicletas registradas al 31 de diciembre de 2025, equivalentes al 57.9% de todos los vehículos del país. Santiago de los Caballeros concentra 6.9% de ese universo, mientras el Distrito Nacional y Santo Domingo reúnen las mayores proporciones.
Un problema de tránsito, salud y autoridad
La dimensión del problema también se refleja en la seguridad vial. Durante la Semana Nacional de la Seguridad Vial 2025, autoridades indicaron que más del 60% de las muertes por siniestros de tránsito corresponde a usuarios de motocicletas. La OPS, además, ha advertido que aproximadamente dos tercios de las víctimas de tránsito en el país son motociclistas, en su mayoría hombres jóvenes, y que el costo económico de esta crisis ronda 2.21% del PIB.
Aunque el Gobierno ya emitió el Decreto 656-24, que declara la seguridad vial como tema de alto interés nacional, el caso de Santiago vuelve a colocar sobre la mesa la brecha entre las declaratorias y la ejecución. Lo que está en discusión ahora no es solo la circulación de motores, sino la capacidad real del Estado para fiscalizar, sancionar y recuperar control territorial en espacios donde la ley luce debilitada.
La discusión, por tanto, trasciende la coyuntura. FINJUS insiste en que no se debe criminalizar al motorista que trabaja, pero sí enfrentar con decisión a quienes operan al margen de las normas, recurren a la violencia colectiva o convierten las vías públicas en zonas de impunidad. El caso de Santiago empuja esa exigencia a un punto de no retorno.
Texto completo de finjus
Motocicletas sin control: una emergencia nacional que requiere acción inmediata
La reciente muerte del conductor de camión recolector en Santiago, tras ser brutalmente agredido por una turba de motoristas, constituye un hecho que no puede ser tratado como un episodio aislado, sino como una manifestación de un problema estructural que desde hace años viene deteriorando la seguridad ciudadana.
Lo ocurrido revela con claridad una realidad cada vez más evidente. En amplios sectores del país, grupos de motoristas operan bajo una lógica de fuerza colectiva, intimidación y control territorial que desborda el marco de la simple informalidad del transporte y se aproxima peligrosamente a formas de actuación propias de estructuras mafiosas que desafían el orden público y la autoridad del Estado.
La permisividad institucional, la debilidad en la aplicación de la ley y la ausencia de voluntad política han permitido la consolidación de un sistema paralelo donde miles de motocicletas circulan sin regulación efectiva, sin fiscalización real y, en muchos casos, vinculadas a hechos delictivos, violencia callejera, ocupación arbitraria de espacios públicos y agresiones colectivas contra ciudadanos y autoridades.
El caso ocurrido en Santiago no solo expone un acto de barbarie, sino también la sensación de impunidad con la que estos grupos actúan, convencidos de que pueden desafiar la ley sin consecuencias. Resulta alarmante la frecuencia con que conductores de motocicletas infringen las normas de tránsito (violar la luz roja, circular por las aceras o en vía contraria, hacer maniobras, entre otras) generando un clima de incertidumbre y una creciente demanda social por la racionalización y el control efectivo de las vías públicas.
No se puede normalizar que el desorden y la violencia colectiva sustituyan el imperio de la ley. El transporte en motocicletas no puede seguir funcionando como un espacio de excepción permanente, inmune a controles, sanciones y responsabilidades.
El país exige una respuesta firme, extraordinaria y sostenida. Esta problemática no se puede seguir postergando. El gobierno debe asumir esta situación como un problema de seguridad nacional y declarar una intervención especial en materia de tránsito, seguridad vial y control territorial, articulando a la Policía Nacional, la Procuraduría General, el INTRANT, la DIGESETT, los ayuntamientos y demás órganos competentes.
Es necesario implementar operativos permanentes de sanción de motocicletas y conductores, retiro inmediato de unidades irregulares, persecución penal de agresiones colectivas y desmantelamiento de estructuras organizadas de violencia.
Asimismo, debe evaluarse la adopción de medidas excepcionales, incluyendo intervenciones especiales de control territorial y restricciones operativas que permitan restablecer el orden público donde la autoridad estatal ha sido desplazada por el miedo y la informalidad.
No se trata de criminalizar a conductores que trabajan honestamente, sino de enfrentar con voluntad a quienes han convertido ese sector en una plataforma de desorden, violencia e impunidad. La autoridad no puede seguir retrocediendo.
Cuando el Estado cede espacio frente a la violencia organizada, la seguridad y confianza institucional se ven vulneradas. Ha llegado el momento de poner límites claros y reafirmar que en una sociedad democrática nadie puede estar por encima de la ley.
Servio Tulio Castaños Guzmán
Vicepresidente Ejecutivo FINJUS
