La Procuraduría General de la República y Misión Internacional de Justicia (IJM) acordaron un programa de formación para miembros del Ministerio Público y otros proyectos de cooperación para fortalecer las capacidades de prevención y persecución de la trata de personas y delitos conexos.

Mediante un comunicado, se informó que la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, y el director en el país de IJM, José Gomes Monteiro Neto, firmaron un convenio de cooperación interinstitucional.

El acuerdo establece que la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) y la Escuela Nacional del Ministerio Público seleccionarán los miembros que participarán en un conjunto de talleres de capacitación y actualización en la materia.

Consultoría permanente

Igualmente, destaca que la IJM elaborará el material formativo, acorde con un currículo establecido por ambas partes, y apoyará a los miembros del Ministerio Público en el desarrollo de actividades bajo su responsabilidad en el Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes o cualquier otro programa en ejecución.

Asimismo, la IJM proveerá consultoría permanente a la Procuraduría y elaborará, conjuntamente con la PETT, herramientas de gestión organizacional y de datos que faciliten su trabajo y el de otras unidades donde se conozcan casos de trata de personas y explotación de niños, niñas y adolescentes, con los cuales compartirá análisis estadísticos para la toma de decisiones.
Además, ofrecerá consultoría en el área de monitoreo y evaluación con el propósito de mejorar el desempeño de los miembros del Ministerio Público para que respondan de manera efectiva frente a esos delitos.

Compromisos del Ministerio Público

El Ministerio Público se compromete a garantizar la participación de sus miembros en los talleres de fortalecimiento de capacidades, además de colaborar con la IJM en la creación de herramientas de gestión de casos y recolección de datos. También, garantizar que la PETT esté dirigida por un miembro del Ministerio Público especializado y sensibilizado en el tema.

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