Como empleados públicos, pagaron mes tras mes RD$25 de su salario a la Tesorería Nacional por concepto de seguro de vida, recientemente el Instituto Nacional de Auxilios y Viviendas (Inavi) publicó sus nombres en una lista de 310 asegurados fallecidos, que no dejaron beneficiarios que reclamen los fondos que por ley le corresponden.

Doce mil pesos por reclamante es el monto que se le entregaría a la persona con calidad de heredar que inicie el proceso de trámites de reclamaciones. En total, RD$3,720,000 esperan por ser entregados.

María Magalis Matos, Jorge Alejandro de León, Bonifacio de la Rosa, Rafael Cruz, Ana Marilis Castillo, Jorge Luis Casado, Pablo Hiraldo, Manuel de los Santos, Santa Catalina Pérez y Noemí Montás son algunos de los servidores públicos cuyo monto acumulado por seguro de vida debe ser reclamado.

El aviso público, firmado por el administrador general del Inavi, Juan Ysidro Grullón García, precisa que “las personas con calidad de herederos deben elevar su solicitud en el plazo de 60 días a partir de la presente publicación, en la forma establecida por la Ley No.82, sobre Seguro de Vida, Cesantía e Invalidez para Funcionarios y Servidores Públicos, promulgada en la Gaceta Oficial No. 9017, de fecha 01 de diciembre del año 1966”.

El llamado es para los parientes de Sofía Ramírez, Nelson Ramón Reynoso, Marcial Rijo, Dominga María Roberto, Adelaida Margarita Rosario, Vicente Rondón, Rufino Sánchez, Odalis Soriano, Madelyne Sosa, Otilio Tejada, María Antonia Vilorio, Magalis Berigüete, entre otros.

Los asegurados fallecidos figuran como empleados de varias instituciones del Estado. Solo del Ministerio de Educación, corresponden 72 servidores, que equivalen al 23 % del total de los enlistados. De los 310 trabajadores a los que hace referencia la publicación, 42 estaban vinculados al Servicio Nacional de Salud ((SNS). Los demás servidores prestaban sus servicios en los ministerios de Industria y Comercio, Agricultura, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Obras Públicas y Comunicaciones, Cultura, Turismo, Salud Pública y varias direcciones del Gobierno Central y entidades descentralizadas.

Conforme a lo expuesto por la encargada de Seguro de Vida del Inavi, Epifania Tatis, el aviso publicado en elCaribe el pasado lunes 26 presentó un retraso debido a los procedimientos y trámites administrativos propios de cambios de gobierno. La penúltima publicación de esta naturaleza se realizó en marzo del 2020, según dijo a este medio la funcionaria.

Estos fondos también son entregados al asegurado de manera directa por condición de invalidez o pago de cesantía.

La ley que rige actualmente, instruye a la Tesorería Nacional para que deduzca de los sueldos mensuales de empleados de la Administración Central, la cuota o prima establecida. En el caso de las instituciones autónomas descentralizadas, esta será deducida por los organismos competentes de las entidades, que a su vez remitirán al Inavi los valores, en un plazo de diez días a partir de la fecha del pago mensual.

El Inavi es un organismo público descentralizado, creado en 1961 con la finalidad de realizar obras y servicios de mejoramiento social en la República Dominicana y proveer a los empleados del sector público seguro de vida, cesantía e invalidez.

Ley instituye como obligatorio seguro vida

La Ley No. 57-86, que modifica los artículos 1, 3, 5 y 7 de la referida Ley No.82, instituye como obligatorio el seguro de vida, cesantía e invalidez para todos los funcionarios y empleados fijos, temporeros y nominales fijos de la administración central y de las instituciones autónomas y descentralizadas del Estado. En su artículo 5, la normativa dicta que los “funcionarios y empleados fijos, temporeros y nominales fijos de la Administración Central y de las instituciones autónomas descentralizadas del Estado, que disfruten de sueldos superiores a RD$1,000.00 mensuales, solo recibirán el seguro de vida e invalidez hasta el límite de RD$12,000.00”.

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