La entidad enfrenta nuevas críticas, esta vez en la gestión de Emma Polanco, que aún no tiene un año de elegida
La Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) vuelve a estar en “el ojo del huracán”, esta vez en la gestión de Emma Polanco, que apenas está a días de cumplir un año de ser elegida por el Congreso Nacional.
En medio de la crisis internacional producto de la guerra en el Medio Oriente, el pleno del órgano auditor, juramentado por el Senado el 23 de abril de 2025, aprobó una resolución “de beneficios económicos” para sus cinco miembros, de hasta un límite máximo del 25 % de sus salarios, la cual luego tuvo que dejar sin efecto ante las críticas de sectores.
Mediante la resolución núm. ADM-2026-017, emitida el 13 de marzo de 2026, los integrantes de la Cámara de Cuentas se aprobaron un incremento de la compensación económica destinadas -según precisa el documento- a reconocer “su dedicación exclusiva y jornadas extraordinarias vinculadas al cumplimiento de sus funciones”, aumento que sería aplicable “con efecto retroactivo al mes de febrero de 2026”.
Esta medida fue a pesar de que el artículo 140 de la Constitución establece que “ninguna institución pública o entidad autónoma que maneje fondos públicos establecerá normas o disposiciones tendentes a incrementar la remuneración o beneficios a sus incumbentes o directivos, sino para un período posterior al que fueron electos o designados. La inobservancia de esta disposición será sancionada de conformidad con la ley”.
La decisión de la entidad de supervisión financiera pública desató “un avispero de rechazo” en distintos sectores del país, que provocó que el Pleno remitiera un comunicado al presidente del Senado, Ricardo de los Santos, el pasado 09 de abril, para comunicarle que dejaría sin efecto la controversial iniciativa.
La resolución, además, eliminaba el bono por antigüedad y suspendía la aplicación del bono vacacional, por -de acuerdo a la entidad- no encontrarse vinculados a criterios de desempeño, productividad o cumplimiento de metas institucionales, “quedando derogada cualquier disposición previa del manual que estableciera los referidos beneficios”.
Polanco fue elegida presidenta de la Cámara de Cuentas junto a Francisco Tamárez, vicepresidente; y los miembros Francisco Franco, Griselda Gómez Santana y Ramón Méndez Acosta, quienes se comprometieron en velar por la transparencia y fiscalización del uso de los recursos públicos en el país.
Los legisladores del Partido Revolucionario Moderno y aliados votaron en favor del Pleno de la CCRD y aprobaron una nueva ley (Ley 18-24) convencidos de que las críticas en torno a la entidad fiscalizadora iban a desaparecer.
Escándalo en gestión Janel Ramírez
El Congreso Nacional de mayoría perremeísta quería borrar lo vivido con la anterior gestión de la Cámara de Cuentas, presidida por Janel Ramírez (2021-2025), que estuvo marcada por constantes escándalos, de tal manera que en 2023 una comisión de diputados buscaba un juicio político contra los cinco integrantes del Pleno, a través de un informe, que no tuvo éxito por el rechazo de la oposición.
A Ramírez, Elsa María Catano, Tomasina Tolentino de Mckenzie, Mario Arturo Fernández y Elsa María Peña les imputaron de 13 faltas graves cometidas. La comisión legislativa también recomendó la destitución de los cinco miembros. Se les acusó de violaciones a la Constitución, leyes y reglamentos; inoperatividad por intereses personales; ejecución presupuestaria deficiente; asignación ilegal de los fondos públicos; incumplimiento de funciones; vicios de incompetencia; y falsificación en escritura pública.
De igual manera, se les atribuyó la violación del artículo VI de la Convención Interamericana Contra la Corrupción; disputa sobre la distribución, sorteo o balotaje para el nombramiento del personal técnico y administrativo; archivos de auditorías de manera irregular; participación en pleno ilegal; usurpación de atribuciones administrativas; e irregularidad y alteración basada en la inconsistencia en las actas, con respecto a los medios audiovisuales.
En 2022, Janel Ramírez fue denunciado por dos empleadas de la institución por presunto acoso sexual y laboral. El caso fue llevado a la Procuraduría, pero no prosperó; fue archivado de manera definitiva. El Ministerio Público tomó la decisión “bajo la premisa de que, según las informaciones y evidencias analizadas, no se configura el tipo penal de acoso sexual establecido en el artículo 333-2 del Código Penal Dominicano”.
Aumento de sueldo en 2007 y juicio político en 2008
Como si se tratara de “un fucú”, durante varios años la Cámara de Cuentas suele verse envuelta en escándalos y críticas de la opinión pública.
En su sesión ordinaria del 18 de enero de 2007, el órgano extrapoder (gestión 2006-2008) decidió aumentar de RD$261,088 a RD$449,994 los salarios de sus integrantes, con dos partidas de dieta: una por RD$179,097.42 y otra de RD$181,511.42, representado esto para el Estado una erogación adicional de RD$1,700,154 al mes. La iniciativa, similar a la de ahora, generó el rechazo de distintos sectores, entre ellos el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez.
En 2008 el Congreso Nacional sometió a un juicio político a los nueve miembros de la Cámara de Cuentas. Los integrantes de la CCRD fueron acusados de mala conducta en el desempeño de sus funciones; violación a la Ley de Compras y a la Ley de Administración Pública al hacer compras sin las licitaciones adecuadas; lucha de intereses en el manejo de las auditorías; falta de ética; círculo de nepotismo; y “distribución alegre” de los cargos, por rifa en papelitos.
Mediante la resolución núm.00575, la Cámara de Diputados acusó y sometió ante el Senado a Andrés Terrero Alcántara, Henry Mejía Oviedo, José Altagracia Gregorio, José Altagracia Maceo, Julio De Beras, Luis Yépez Suncar, Alcides Benjamín Decena Lugo, Juan Adalberto Lora Ruiz y Freddy Bolívar Almonte Brito.
El resultado del juicio político contra los miembros de la Cámara de Cuentas fue la destitución de Alcides Decena Lugo, el 4 de julio del 2008, tras evidenciarse que incurrió en “fallas administrativas”. Los demás miembros del órgano, incluyendo su presidente, renunciaron antes de esperar la decisión.
Allanamiento periodo Hugo Álvarez
La Cámara de Cuentas presidida por Hugo Álvarez (2017–2021) también enfrentó múltiples denuncias y crisis institucional. La entidad tuvo paralización de auditorías clave, enfrentamientos entre sus miembros, acusaciones de irregularidades administrativas, entre otros problemas.
El Ministerio Público realizó investigaciones y allanamientos con la llamada Operación Caracol e informó que encontró miles de documentos y evidencias de que el órgano supuestamente maquillaba auditorías para favorecer a instituciones del Estado.
Valora como positiva la revocación de resolución
La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) valoró de forma positiva la revocación de la resolución que dispondría aumento de beneficios para el pleno de la Cámara de Cuentas, y señaló que constituye un acto de prudencia acorde con los principios constitucionales que rigen el Estado de derecho.
