La seguridad ciudadana es una deuda que sigue pendiente con la sociedad domincana
Si se fuera a escoger un hecho que genera principal preocupación en la República Dominicana, una mayoría diría sin pensarlo dos veces y por encima incluso del costo de la vida, que es la inseguridad ciudadana. Lo peor es que se trata de una realidad que no da visos de que dejará de ser una inquietud predominante en 2023.
Relevante es también que esa inseguridad afecta la existencia del dominicano, razón por la que la encuesta Enhogar 2022 establece que el 64% de la población evita salir de noche por temor a la delincuencia.
Al respecto, Participación Ciudadana en su diagnóstico sobre percepción de violencia y delincuencia, indica que el 78.7% reporta a la delincuencia como el principal problema que afecta los derechos fundamentales de la población, como el de vivir en paz, el libre tránsito y la estabilidad emocional en general.
Por tanto, si actualmente hay un punto débil o flaco para los que están al frente de la cosa pública es la inseguridad ciudadana, y no se trata de que hayan faltado planes para enfrentarla, pero a juzgar por los altos niveles de delincuencia, criminalidad y violencia, continúa como una tarea pendiente de un Gobierno que ofertó al electorado “una sociedad segura y protegida”.
“Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana”
Cuando se habla del tema se debe recordar que desde los días de la campaña electoral se buscó la asesoría de Rudolph Giuliani, que llegó con su diagnóstico y un plan a cuestas, lo que llevó al ahora presidente Abinader a prometer: “En dos años vamos a disminuir la delincuencia en un 50%”.
Se desconoce sobre qué base se fijó el porcentaje, pero a más de dos años de gestión no se exhiben logros significativos, con todo y que en el interregno apareció una “Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana” que incluyó retirar de las calles las armas ilegales, enfrentar la violencia intrafamiliar, reducir las muertes por accidentes de tránsito y prevenir los delitos cometidos con el uso de motocicletas.
Como parte de esa estrategia figura el proyecto piloto “Mi País Seguro”, iniciado en la barriada de Cristo Rey y replicado en gran parte del territorio nacional, sobre cuya efectividad se podrían hacer múltiples reparos.
La reforma policial
Si hay un gran logro, es justo reconocer que en la apuesta por la transformación y profesionalización de la Policía Nacional, una cuestión umbilicalmente atada a la seguridad ciudadana, nunca antes se había avanzado tan profundamente como ahora.
Se están desplegando acciones que incluyen la forma de ingreso y mejorar las condiciones de vida y los derechos sociales de los agentes.
Nos encaminamos a tener una policía más eficiente, diferente a la de los tiempos en que era vista solamente como otro más entre los organismos represivos del Estado.
A eso van a contribuir los aportes de la comisión o grupo de trabajo designado por el decreto 211-21 integrado por 21 ciudadanos provenientes de diferentes sectores y que han dado una visión amplia del proceso de transformación, que ya dispone del reglamento de la Ley Orgánica de la Policía y de la reestructuración del Instituto Policial de Educación.
Esfuerzos
Esfuerzos que se pueden catalogar como positivos en esa dirección son el reforzamiento con dispositivos tecnológicos, como equipos con cámaras de alta definición para visualización interna y externa del patrullero, sistemas de grabación de videos de hasta 30 días en el vehículo, y GPS con monitoreo en vivo e histórico de cada ruta.
Quizá en la implementación de muchas de estas medidas haya faltado una interacción más fluida entre el Ministerio de Interior, la Dirección de la Policía y los asesores.
En más de una oportunidad ha habido pronunciamientos dispares de los responsables del proceso. Una notoria discordancia fue una respuesta a la prensa del ministro de Interior Chú Vásquez, cuando contestó: “No soy general de la Policía” para estar pendiente de la ejecución del plan de seguridad ciudadana.
También generó un poco de estruendo una declaración, por lo general que fue y sin que señalara a nada ni a nadie en específico, del comisionado Vila del Castillo: “La corrupción en la Policía comenzaba en la dirección general y llegaba hasta el último raso”, que motivó airadas reacciones de anteriores jefes de la uniformada que le exigieron pruebas y nombres, pero el ruido se acalló en pocos días porque nadie “se animó” a recurrir a los tribunales para defender honras supuestamente lastimadas por esas palabras.
Reacciones y opiniones
Algunas organizaciones que tratan el tema han emitido informes, entre ellas la Finjus, que recientemente dio a conocer una encuesta a partir de una evaluación de los niveles de percepción y victimización de la violencia y la criminalidad en más de 50 barrios de las 11 ciudades más importantes del país, y que concluyó en que hay una mejoría en la percepción de la seguridad ciudadana.
Sin embargo el Centro de Análisis de Datos para la Seguridad Ciudadana, en su informe del primer semestre del 2022, indica que en ese lapso se registraron 105 hechos delictivos más que en 2021.
Dice el Cadseci que en la primera mitad del año se cometieron 661 homicidios, y que la tasa pasó de 9.2 homicidios por cada 100 mil habitantes en 2020, a 10.6 homicidios en 2021, hasta llegar a 12.4 homicidios en 2022. Enfrentar el problema no es una cuestión de exhibir cifras ni de planificaciones bien intencionadas.
Se trata, entre otras medidas, de apuntar a una reforma policial integral, de crear oportunidades de inclusión para sectores postergados de la sociedad, y de un trabajo estratégicamente programado, sobre la base de la interacción efectiva de los organismos de seguridad.
