Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader firmó este miércoles un acuerdo de colaboración entre la Fundación Institucionalidad y Justicia y la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, orientado al fortalecimiento del Estado social y democrático de derecho, la institucionalidad y la seguridad jurídica del país.
El convenio establece un marco de cooperación interinstitucional para desarrollar acciones conjuntas de asistencia técnica especializada, revisión normativa, estudios jurídicos y espacios de diálogo entre el Estado y la sociedad civil, con el propósito de fortalecer la institucionalidad democrática y promover una cultura de colaboración constructiva.
El acuerdo fue suscrito por el mandatario y el presidente de FINJUS, Rafael del Toro Gómez, mientras que firmaron como testigos el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa, y el vicepresidente ejecutivo de FINJUS, Servio Tulio Castaños Guzmán.
Durante el acto, el presidente Abinader afirmó que su gobierno cree en una sociedad civil activa, crítica y comprometida, y sostuvo que la participación ciudadana representa una fortaleza para la democracia. Asimismo, destacó que el acuerdo constituye una alianza estratégica para fortalecer las instituciones democráticas, promover la transparencia y consolidar el respeto a la ley.
El jefe de Estado también reiteró el compromiso de su gestión con la transparencia, la rendición de cuentas y la independencia del Ministerio Público, al considerar que la seguridad jurídica es esencial para proteger derechos, fortalecer la confianza ciudadana y generar estabilidad económica y cohesión social.
De su lado, Rafael del Toro Gómez expresó que el acuerdo refuerza el compromiso de FINJUS con el fortalecimiento institucional y la consolidación democrática del país. Indicó además que la entidad trabajará junto a la Consultoría Jurídica en el desarrollo de un plan de trabajo orientado al logro de los objetivos establecidos en el convenio.
Entre los compromisos asumidos por ambas partes figuran el apoyo a la elaboración y revisión de anteproyectos de leyes y reglamentos, la realización de estudios técnicos, diagnósticos y propuestas normativas, así como la organización de capacitaciones, conferencias y espacios de diálogo con juristas, organizaciones sociales y ciudadanos.
El convenio tendrá una vigencia de dos años y las actividades derivadas serán ejecutadas mediante protocolos específicos que definirán objetivos, alcances y cronogramas de trabajo.
