Luego de dos años de suceder el hecho, inició ayer el juicio de fondo contra un grupo de policías acusados de matar a tiros a un taxista y un mecánico en diciembre de 2016 en Baní.
Aunque el suceso ocurrió en el referido municipio de la provincia Peravia, el proceso fue declinado hacia el Distrito Nacional en marzo de este año, a solicitud de dos de los cinco imputados por causa de seguridad pública y sospecha legítima.
A pesar de que cumplían prisión preventiva, los imputados fueron puestos en libertad debido a que se le varió la medida de coerción a principios de este mes.
En el proceso, que se conoce en el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, también figuran como parte demandada la Policía Nacional y el Estado dominicano, a quienes los querellantes solicitan el pago de 50 millones de pesos como indemnización.
Los familiares de Díaz Pimentel se quejaron de que el proceso sea haya extendido, ya que indicaron la defensa de los acusados piden aplazamientos para que el caso se alargue.
Asimismo, el abogado de los familiares de Báez Mejía, Víctor Cordero, indicó que a audiencia fue aplazada para el 28 de enero próximo debido a que faltaron abogados de la defensa y algunos testigos y para citar al Estado que no estuvo presente.
El hecho ocurrió en la carretera Baní-Sombrero, cuando más de veinte miembros de un equipo élite de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim), daban seguimiento a un grupo de delincuentes que, supuestamente, planificaban secuestrar a un empresario del sector ferretero.
