El pasado 23 de agosto entró en vigencia la resolución 02-18 con las directrices generales para la contratación de los servicios de reparación de vehículos de motor, la adquisición de pasajes aéreos y la compra de combustible, la misma deroga la 15-08, emitida el 4 de noviembre de 2008.
Esa resolución anulada por la Dirección General de Contrataciones Públicas fue en la que se amparó la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (Omsa), en la gestión de Manuel Rivas, implicado en la muerte del abogado y catedrático Yuniol Ramírez, para realizar las adjudicaciones de contratos a empresas de allegados de funcionarios de la entidad.
Desde ayer algunas instituciones del Gobierno iniciaron la convocatoria a licitación pública nacional, en su mayoría para la adquisición de combustibles para ser utilizados en sus operaciones. Dentro de estos se encuentran el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y el Servicio Nacional de Salud (SNS).
En la resolución se indica que para la compra de combustibles debe tomar como referencia, previo al inicio del procedimiento, el consolidado de históricos de gastos del último año y se recomienda que los procedimientos de contratación prevean el aprovisionamiento para períodos no menores a seis meses.
Para la contratación de servicios de reparación de vehículos de motor se debe identificar el total de vehículos que conforman la flotilla institucional atendiendo a la marca, tipo, año y modelo, y los que se encuentran dentro del período de garantía. Asimismo, para la compra de los pasajes aéreos se establece que las entidades contratantes tienen que ser adquiridos mediante los procedimientos de selección ordinarios establecidos en la Ley 340-06, de acuerdo al monto estimado de la contratación; y a través de la Oficina de Coordinación Presidencial (OCP) que dirige la Unidad de Viajes Oficiales, que implementó el Sistema Nacional de Viajes Oficiales al Exterior de los funcionarios.
