Santo Domingo.- El Instituto Duartiano rechazó categóricamente proyecto de ley sobre la protección de personas víctimas o sobrevivientes de trata y objeto de tráfico ilícito de migrantes. Dicho proyecto procede del Poder Ejecutivo.
Según la institución, la normativa es contraria al supremo interés de la nación dominicana y perjudicial para la ciudadanía. Rechaza que sobre la ciudadanía «se pretende poner todo el peso del financiamiento de las personas a proteger».
«Esta pieza legislativa, de la cual está apoderado el Senado de la República, entraña un serio atentado contra la integridad territorial de la República Dominicana», afirma. Seguidamente añade que es «un severo ataque a su soberanía». Denuncia «un nuevo incentivo en la política de asentamiento masivo en su territorio de personas principalmente de nacionalidad haitiana».
Asimismo, señala que el proyecto de ley alcanza mayores ribetes de gravedad, ante la actual crisis que vive Haití. Afirma que esto es bajo el alegato de que se cierne una incontrovertible amenaza contra la nación dominicana.
En este sentido la entidad patriótica hace un llamado a los senadores y diputados de la República a los fines de que rechacen este proyecto. Según esta institución es «abiertamente injerencista y de manufactura de intereses foráneos que continúan su desorbitada tarea de socavar nuestra soberanía», dicen, y afirma que se hace «inobservando el reconocido principio de no intervención en los asuntos internos de los estados».
SOBRE EL PROYECTO DE LEY
El Proyecto de Ley Integral sobre Trata de Personas, Extorción y Tráfico Ilícito de Migrantes, procedente del Poder Ejecutivo, fue introducido en Cámara Alta el 12 de diciembre de 2022.
Su objetivo es prevenir, perseguir y erradicar el delito de trata de personas en todas sus modalidades. También la esclavitud y sus prácticas análogas, cualquier forma de explotación, así como el tráfico de migrantes.
Además, busca proteger los derechos, y dar atención y protección a las víctimas de trata de personas en todas sus modalidades.
En uno de los considerandos del proyecto de ley, se explica que se busca disuadir la actividad de tratantes y traficantes, y hacerles comparecer ante la justicia. Para ello es necesario sancionar adecuadamente ambas conductas ilícitas y sus delitos conexos. Esto es, con una pena apropiada y proporcional al ilícito penal cometido por las personas involucradas. También priorizar la asistencia, protección de víctimas de trata y migrantes objeto de tráfico. Asimismo fortalecer las herramientas para la investigación y el enjuiciamiento.
