ProCompetencia emitió ayer la resolución Núm. DE-002-2017, ordenando el inicio del procedimiento de investigación a violaciones de la Ley General de Defensa de la Competencia, en el mercado de prestación de servicios a través de “casas de conductores” y “casas cárcel”.La denuncia hecha por la Fundación Jurídica en Defensa del Consumidor (Funjudeco), muestra indicios de que al momento del consumidor ser obligado a contratar los servicios de determinada “Casa de Conductores” o “Casa Cárcel”, asume un costo de oportunidad, sin haber tenido la opción de identificar de manera adecuada una selección de consumo que le permita maximizar su nivel de bienestar.
La Resolución de ProCompetencia indica que esta práctica puede afectar al consumidor porque vulnera su oportunidad de elección, debido a la asimetría de información y al posible ejercicio del abuso de posición dominante, que puede generar un daño al excedente del consumidor.
“Lo anterior deriva en indicios razonables para presumir que en este mercado ocurren prácticas restrictivas de competencia, especialmente aquellas previstas en el artículo 6 de la Ley General de Defensa de la Competencia, relativas al abuso de posición dominante, que pudieran generar la presentación de un pliego de cargos por parte de la Dirección Ejecutiva, el cual una vez sometido al órgano decisorio pudiese tener como consecuencia la imposición de una sanción en los términos de la Ley No. 42-08 por ProCompetencia, en caso de que se evidencie que existen efectos nocivos para el mercado”, dice la institución.
