Tras rechazársele la recusación presentada contra cinco fiscales y la inhabilitación de más de 20, el exprocurador Jean Alain Rodríguez vuelve este viernes a la carga en busca de que un tribunal ordene su anhelada libertad y que rechace una prórroga al Ministerio Público para seguir investigando el caso Medusa.

La tarde de este viernes, la jueza Altagracia Ramírez de la Cruz, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, tiene en su agenda revisar la medida de coerción de Jean Alain y los demás imputados en este caso de corrupción, para determinar si deben seguir cumpliéndolas.

En la audiencia, pautada para las 4 de la tarde, la magistrada también tiene previsto escuchar la solicitud que hizo la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) para que les concedan una prórroga de cuatro meses para seguir las pesquisas y poder presentar acusación formal, como también conocer una petición de resoluciones planteadas por uno de los imputados.

La defensa del exfuncionario, quien cumple prisión preventiva en la cárcel Najayo, días atrás adelantó que se opondrán en audiencia que a la Pepca se le concedan la prórroga, pues consideran que tuvieron el tiempo suficiente para concluir la investigación.

Ayer, el exprocurador solicitó nuevamente que su audiencia sea pública y abierta para los medios de comunicación, alegando que el Ministerio Público objeta acceso a prensa “para ocultar montaje de la trama, pues han mentido bajo el falso argumento de tener expediente blindado”.

“Existen decenas de pruebas, declaraciones públicas y escritos que demuestran la deteriorada relación y animadversión existente de parte de los miembros del Ministerio Público y el exprocurador”, dijo la defensa.

Estado pide RD$9,200 MM en indemnización

Una indemnización de 9,200 millones de pesos es que lo que demanda el Estado d, a través de los abogados contratados para recuperar el patrimonio público que esté en manos de terceros, contra el exprocurador y los demás implicados en el caso Medusa. La indemnización la solicitó el Equipo para la Recuperación del Patrimonio Público (ERPP) el pasado 28 de febrero.

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