La jueza Katherine Rubio, de la Oficina de Atención Permanente de San Cristóbal, rechazó ayer martes declinar el caso Larva hacia al Distrito Nacional y en consecuencia se declaró competente para conocer la medida de coerción a los 15 imputados.
Los abogados de los encartados solicitaron a Rubio declararse incompetente alegando que no puede conocer la audiencia debido a que las empresas, con las cuales dice el Ministerio Público se lavó dinero producto del narcotráfico (en San Cristóbal), se encuentran ubicadas en el Distrito Nacional y Santo Domingo.
Según explicaron algunos abogados al salir un momento de la audiencia, que se conocía a puertas cerradas, luego de la jueza rechazar el pedimento, las defensas presentaron un recurso de oposición para que volviera sobre sus pasos, pero Rubio mantuvo su fallo.
Al cierre de esta edición, la jueza conocía otro incidente y aún no había entrado en el fondo de la audiencia de medida de coerción, pues primero debe conocer las peticiones de las partes.
Los imputados en la supuesta red de lavado de activos producto del narcotráfico, que llevan casi tres semanas detenidos a espera de que se conozca el fondo de la audiencia, son Jorge Luis Herasme Estrella (alegado cabecilla), sus padres María Mercedes Estrella y Ney Herasme, así como su hermana Sarai Esther.
También Santa Fausta Rodríguez y sus hijos Elizabeth y Ángelo Spataro Rodríguez (alegado cabecilla). En la lista también están los hermanos James Alexander y Joivel Alexander González Cubilette.
Asimismo, están detenidos Miguel Santos y su pareja Yira Zimmermann, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Rusber José Suarez Díaz (Ojitos) y Domingo Ventura.
Los fiscales de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos están solicitando que se le dicten a los imputados 18 meses de prisión preventiva, además de que se declare el caso complejo.
La alegada red, desarticulada mediante la Operación Larva, está vinculada a una red de narcotráfico denominada Corona que el 16 de marzo de 2020 introdujo al país 724.35 kilogramos de cocaína clorhidratada, por la costa de Nigua, provincia San Cristóbal, en una embarcación proveniente de Colombia.
El Ministerio Público ha establecido que los involucrados en el caso forman parte de una organización criminal dedicada a traficar drogas y a lavar activos por millones de pesos producto de operaciones de narcotráfico a gran escala.
Como entidades con personería jurídica encauzadas a la acusación están Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y Financiera GDNIPI, S.R.L.
