El programa piloto comenzará en el Gran Santo Domingo para dotar del documento de identidad a 4,745 envejecientes en asilos y hogares.
El acceso al documento de identidad, llave indispensable para los servicios de salud, pensiones y subsidios estatales, comenzó a buscar activamente a una de las poblaciones más vulnerables del país en sus propios espacios de cuidado, los abuelitos.
Tras el inicio de parte de Junta Central Electoral (JCE) y el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (Conape), el Estado pone en marcha una jornada nacional de cedulación focalizada que elimina las barreras de movilidad que marginan ancianos.
En su primera fase, la iniciativa impactará a 4,745 adultos mayores recluidos o asistidos en 96 centros del Gran Santo Domingo, un despliegue que abarca 39 Hogares de Día institucionales, 40 Asociaciones Sin Fines de Lucro (ASFL) de modalidad permanente y diurna.
Para viabilizar el proceso, la JCE dispuso de unidades móviles que capturarán la fotografía, firma y huellas dactilares de los ciudadanos previamente validados, evitando traslados traumáticos y burocráticos.
Más allá del trámite, la falta de documentación actualizada interrumpe el acceso de la tercera edad a la seguridad social bajo la Ley 87-01.
Al desplazar la infraestructura oficial a los centros de acogida, las autoridades que dirigen el director ejecutivo de CONAPE, Demetrio Vicente Ureña y el Pleno de la JCE, ensayan un modelo de descentralización que el sector civil reclamaba para mitigar el subregistro.
Tras concluir este piloto, el cronograma prevé la expansión escalonada de las unidades móviles hacia las provincias del interior del país.
Este esfuerzo interinstitucional busca subsanar una de las principales quejas del sector civil: el limbo burocrático que sufren cientos de envejecientes cuando pierden o se les deteriora su documento de identidad.
Al no contar con un plástico actualizado, muchos de estos ciudadanos quedarían excluidos de manera automática de los beneficios de la Ley 87-01 sobre Seguridad Social, enfrentando la suspensión de sus pensiones solidarias o la imposibilidad de retirar medicamentos de alto costo en la red pública de salud.
La logística del operativo descansa en un cruce previo de bases de datos entre el Conape y el órgano electoral, lo que garantiza que el personal de las unidades móviles acuda a los recintos con expedientes depurados.
Que no se quede un abuelito sin cedular
Tras agotar la fase piloto en la zona metropolitana, las autoridades iniciarán el despliegue hacia las provincias del interior, donde las limitaciones de transporte y la dispersión geográfica agudizan la vulnerabilidad de la tercera edad.
La meta a mediano plazo es establecer este modelo de ventanilla única móvil como una política permanente de asistencia social, descentralizando los servicios del Estado para asegurar que la reclusión por motivos de salud o vejez no extinga los derechos ciudadanos.
