El periodo legislativo que inició en agosto del 2016, finaliza al término de la presente legislatura, con temas primordiales pendientes de antaño, como la sanción al Código Penal y la Ley de Aguas, y matizado por la aprobación de leyes de interés del Poder Ejecutivo en legislatura extraordinaria.
Este miércoles reinician las labores en el Congreso Nacional con la primera legislatura ordinaria del año que durará 150 días, según manda la Constitución, lo que se traduce en apenas cinco meses para los actuales legisladores.
Sin embargo para algunos diputados, será un “tiempo muerto” debido a las elecciones extraordinarias de marzo y las congresuales y presidenciales de mayo, donde bajará la productividad.
Para el veterano legislador Radhamés González, a menos que se trate de un proyecto proveniente del Poder Ejecutivo que no sea muy trascendental, “no se aprobará leyes país”.
González es proponente de los proyectos de ordenamiento territorial y la de exequátur, iniciativas que han sido priorizadas en los últimos cuatro años, pero que no logran ser aprobadas, a su juicio, por los intereses que hay de por medio, en especial con la de ordenamiento territorial. Pero esas no son las únicas.
El proyecto de Ley de Aguas tiene 20 años siendo discutido, debatido y analizado sin que se logre el llamado consenso para su aprobación. Actualmente, una comisión bicameral estudia el proyecto sometido por el vocero de los reformistas, Máximo Castro Silverio.
Para Gloria Reyes, diputada del Partido Revolucionario Moderno y miembro de la comisión de género, lo más preocupante va relacionado con las mujeres. “No tenemos Código Penal, no tenemos Código Civil y tampoco el proyecto de ley de erradicación de violencia contra la mujer. Proyectos que impactan la vida y la protección de los derechos de las mujeres”, manifestó al ser consultada por elCaribe.
Sostuvo que este período, apenas se conoció una vez el Código Penal en el hemiciclo y fueron las observaciones presidenciales que hizo el presidente.
Sin embargo, criticó que en los últimos cuatro años se aprueben en legislatura extraordinaria los proyectos de interés del Poder Ejecutivo.
