Están frente al tema en gobierno central, la Procuraduría y los tribunales, en lucha contra la corrupción y la impunidad
Miriam Germán Brito, Milagros Ortiz Bosch, Yeni Berenice Reynoso y Kenya Romero, son los nombres de cuatro mujeres que ponen rostro a la relevancia que ha tomado la lucha contra la corrupción en el gobierno de Luis Abinader y en los tribunales del país.
La guerra se libra en distintos frentes y las mujeres dan la cara. El gobierno central envía señales de que no tolerará la corrupción; el Ministerio Público adoptó el apellido de independiente para dejar atrás el ingrediente político que históricamente ha afectado la credibilidad de las acusaciones de corrupción, mientras los jueces tendrán que garantizar que se haga justicia y no venganza, en una batalla que arrancó con la opinión pública a favor de la Procuraduría.
La trayectoria de jueza correcta y con accionar guiado en función a su criterio y no por líneas políticas ni intereses coyunturales, han convertido a la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, en el principal símbolo de la independencia del Ministerio Público, una promesa de campaña de Abinader.
La exjueza de 73 años, ha hecho historia en su paso por los tribunales del país y ahora tiene el reto de marcar el antes y el después de la justicia en materia de lucha contra la corrupción y la impunidad incidiendo directamente para cambiar lo que tanto criticó al Ministerio Público: la debilidad de los expedientes para lograr condenas.
En su condición de presidenta de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), en 2017 emitió un voto disidente que dejó totalmente cuestionado el expediente contra 14 acusados del caso Odebrecht. Las objeciones de la hoy procuradora general de la República fueron confirmadas por la sentencia en juicio de fondo que descargó a todos los imputados con la excepción de Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa. De hecho, el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, que descargó los acusados, está integrado por tres mujeres, Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo.
La historia de la jueza Germán Brito de actuar apegada a su criterio es vieja. El 15 de noviembre del 1993, Germán Brito, como jueza del juzgado de primera instancia del Distrito Nacional envió una carta al entonces presidente Joaquín Balaguer, en reclamo a un caso que la magistrada había conocido y descargado del cargo de narcotráfico al señor Fernando García Valdebenítez, decisión judicial que provocó un cuestionamiento del Ejecutivo. La carta de Germán Brito generó una respuesta escrita de Balaguer.
La procuradora general nació el 8 de diciembre del 1948 en Salcedo, Hermanas Mirabal, y se graduó de derecho en el 1972 en la Universidad Católica Madres y Maestra (PUCMM). Ocupó la presidencia de la Sala Penal de la SCJ del 2011 al 2019 y fue electa para el cargo en el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).
Otra mujer clave en el actual proceso es la veterana política de 85 años, Ortiz Bosch. Desde el gobierno central en condición de directora de Ética e Integridad Gubernamental, ha jugado el rol de imprimir ética desde el gobierno central con investigaciones a los casos de corrupción en la actual administración como ocurrió con las destituidas ministras de la Juventud, Kinsberly Taveras y Luz del Alba Jiménez.
En este último caso informó que entregó al presidente Luís Abinader el resultado de la investigación y que hizo a la denuncia de un exfuncionario del Ministerio de la Juventud y el caso cerró con la exclusión de la dirigente del PRM del gobierno de Abinader.
Tras la publicación de las auditorías de la Cámara de Cuentas sobre ejecuciones de varias dependencias del gobierno pasado, Ortiz Bosch envió una comunicación a la Procuraduría pidiendo que se extiendan a los funcionarios públicos que permitieron o autorizaron las presuntas acciones corruptas detectadas en al menos 8 investigaciones.
Ortiz Bosch tiene una larga trayectoria de servicio en la administración pública y militancia en el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y ahora en el Partido Revolucionario Moderno (PRM).
Fue senadora de la capital y miembro del primer Consejo Nacional de la Magistratura y fue la primera mujer en ocupar la vicepresidencia de la República. Ahora juega un papel clave para poner en práctica las medidas de transparencia en la gestión de Abinader.
Nació en Santo Domingo el 23 de agosto de 1936, estudió derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y tiene especialidad en ciencias políticas.
Yeni Berenice Reynoso, directora de Persecución del Ministerio Público, es una de las figuras más sobresalientes en la lucha contra la corrupción y la más joven, con tan solo 39 años. Desde que fue designada fiscal en Santiago en el 2009 ganó notoriedad por la fortaleza que mostró. Para el 2011 fue designada fiscal del Distrito Nacional, cargo en el que permaneció hasta el 2018.
El 16 de agosto del 2020, fue designada por el presidente Luis Abinader como procuradora adjunta y juramentada junto a la procuradora general en el Palacio Nacional. Luego fue designada por la Procuradora como directora de Persecución, puesto en el que ha tenido un papel relevante en el sometimiento de cinco casos de corrupción del pasado gobierno de Danilo Medina y uno de la actual administración del PRM. Reynoso se graduó de derecho en la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA) en 200 y tiene especialidades en derecho civil, penal, procesal penal y derecho constitucional en diversos centros del país y el extranjero. También tiene una especialidad en feminicidios y criminalidad.
La jueza de las medidas de coerción
La jueza Kenya Romero fue ratificada como coordinadora de los juzgados de instrucción del Distrito Nacional, cargo que en el que sustituyó al magistrado José Alejandro Vargas, que fue designado como juez del Tribunal Constitucional.
A Romero le ha tocado conocer las solicitudes de medida de coerción de los expedientes de corrupción Coral, Coral 5G y Medusa. En el proceso ha sido recusada en varias ocasiones por distintos imputados.
Romero tiene un papel distinto al de las féminas que pujan por condenas en casos de corrupción en la administración pública, su rol es evaluar el mérito de los expedientes presentados por el Ministerio Público y sus decisiones están sujeas al escrutinio público, en dos vertientes, el Ministerio Público tiene el apoyo de la opinión pública, pero hay serios cuestionamientos de distintos abogados a la imposición de prisión preventiva como principal medida de coerción. Para muchos es una pena anticipada a las personas acusadas.
Romero ha desempeñado la función de jueza desde el 2006, iniciando en la carrera judicial como jueza de paz del Distrito Nacional. Es egresada de la Escuela Nacional de la Judicatura del Programa de Formación para Jueces y estudió derecho en la UAASD.
En la Cámara de Cuentas las mujeres son más
La Cámara de Cuentas tiene un papel importante en la lucha contra la corrupción porque a la pasada gestión se le acusó de supuestamente maquillar auditorías para tapar las irregularidades que se pudieron cometer. De los cinco titulares, tres son mujeres: Elsa Catano Ramírez, vicepresidenta del órgano y encargada de auditorías; Tomasina Tolentino, secretaria y Elsa Peña Peña. El presidente es Janel Ramírez y el segundo hombre miembro es Mario Fernández. La actual gestión ha publicado al menos ocho auditorías especiales que han sido solicitadas por la Procuraduría Especializada de la Corrupción Administrativa (Pepca).
