Las circunstancias generadas por la pandemia de la COVID-19, demandan un ajuste en la política criminal que sea adecuada a la crisis y ajustadas a la forma de trabajo impuesta por las normas sanitarias.
Así lo plantea el Grupo Dominicano de la Asociación Internacional de Derecho Penal (AIDP-RD) que considera que este ajuste debe garantizar la eficacia del sistema penal en la gestión de la conflictividad sin desmedro del acceso a la justicia, del debido proceso y, por supuesto, las condiciones de salud que demanda este momento.
Indicó que el Ministerio Público, como encargado de dirigir la investigación y la persecución penal, no puede permanecer ajeno al impacto que ha provocado la covidianidad lo que, seguramente, agregó, va a cambiar el manejo y la manera de ofrecer los distintos servicios que brindan.
En el documento “Ministerio Público en la covidianidad. Sugerencias y aportes”, en la que hizo una serie de recomendaciones al órgano judicial, para el adecuado retorno a sus labores, la AIDP-RD establece que con la definición de políticas de persecución adecuadas se evitaría que, en cada demarcación, se apliquen criterios diferentes frente a idénticas situaciones.
Coordinación entre instituciones
“Obviamente que el éxito de una política criminal al ritmo covidiano depende, en gran medida, de la coordinación entre distintas instituciones, lo cual significa que si bien el Ministerio Público, como órgano constitucional y autónomo, tiene sus propias funciones y facultades, debe ser consciente de que pertenece a un sistema que depende, además, del trabajo de otros actores que también lo integran”, explicó.
La organización, que agrupa a profesionales y académicos, indicó que ante la realidad que se vive el servicio de justicia, que es esencial, no puede permanecer cerrado en espera de que la situación cambie, ya que en contextos de emergencia y de vulnerabilidad es cuando más importa tener un sistema de justicia penal que los garantice y permita el acceso de los ciudadanos.
En ese sentido realizó una serie de sugerencias, como priorizar la prevención, investigación y persecución de los delitos ocurridos en tiempo de pandemia con especial atención de aquellos atentados contra la salud; orientar a los fiscales para reducir las solicitudes de prisión preventiva a los casos en que resulte imprescindible; además, promover espacios de conciliación y mediación entre las partes.
Otras sugerencias para un mejor sistema judicial
También recomendó tomar las previsiones y dar el apoyo necesario para que las fiscalías de todo el territorio nacional tengan las condiciones para prevenir, investigar y perseguir las infracciones electorales en el contexto de la pandemia y de cara al proceso que tenemos por delante; fijar reglas de salubridad meticulosas para el traslado de los internos desde sus recintos hasta los tribunales o despachos judiciales, entre otras medidas.
