Asociaciones que impulsan el reciclaje abogan por mayor inclusión. Recicladores exigen pago por servicio ambiental

¡Ahí viene el hombre del saco! ¡Si no te comes la comida voy a llamar al botellero! Posiblemente has escuchado o usado estas expresiones alguna vez. Frases que se hicieron populares empleadas para modificar la actitud de los niños a base del miedo.

Aunque parece un personaje olvidado, “el hombre del saco” no ha desaparecido. Al contrario, hay miles de ellos por todo el país. El saco ahora es llevado en su mayoría por jóvenes, incluso por mujeres. Los vemos en los 350 vertederos a cielo abierto del país buscando entre montañas de basura, materiales con valor comercial. A ellos, la nueva Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, les llaman recicladores de base, pero popularmente se les conoce por buzos.

Actualmente, en la República Dominicana hay cerca de 12 mil personas que viven de la actividad del reciclaje de base, según registra el Movimiento Nacional de Recicladores, entidad que ha logrado organizar a cerca de 2,500 de ellos.

De acuerdo con el presidente de la entidad, Robinson García Silfa, el vertedero Duquesa, ubicado en Santo Domingo Norte, concentra la mayor parte de estos trabajadores. Seiscientos recolectores en total, de los cuales el 60 % es inmigrante haitiano sin documentación, afirma el líder del referido movimiento. García Silfa denuncia que muchos de ellos son engañados y explotados por intermediarios y empresarios del reciclaje que pagan un precio por debajo del mercado para adquirir de estos materiales desechados con potencial de ser aprovechados.

Asegura que esta situación, que denomina monopolio, obstaculiza el proceso de organización de los recicladores de Duquesa.

La organización, aliada a la Red Latinoamericana y del Caribe de Recicladores, realiza una labor de organización del colectivo en el país, lo que viene a allanar el camino para la elaboración e implementación del Plan para la Inclusión Social o Reciclaje Inclusivo, que ordena el artículo 51 de la ley 225-20.

Dicho instrumento establece que los ayuntamientos y las juntas de distritos municipales fomentarán e incentivarán la organización de los recicladores de base, a fin de que participen de forma individual o colectiva y presten sus servicios en las diversas fases de manejo integral.

Sin embargo, García Silfa aboga por una normativa más inclusiva. “No es convertir más gente en recicladores, sino que los recicladores puedan hacer el trabajo del reciclaje sin tener que continuar en los vertederos”, afirma.

Está consciente que para lograr este modelo de reciclaje se necesita voluntad política y educación ciudadana de cara a implementar la separación de los desechos desde la fuente.

Lamenta que la nueva ley haya excluido el pago por servicio ambiental a los recicladores. “Cuando un reciclador recupera una tonelada de plástico le está alargando la vida útil de un vertedero y las alcaldías deberían pagar por ese servicio”, considera. “Empezamos hacer este trabajo por necesidad, y nos hemos convertido en los principales protectores del medioambiente”, expresa.

Una política de inclusión es lo que exigen. Este reclamo también es acogido por cinco asociaciones comunitarias dedicadas a la recolección y reciclaje a lo interno de barrios marginados de la capital, agrupadas bajo la sombrilla de la Asociación de Fundaciones de Saneamiento por el Reciclaje (Asofunrarec).

En conjunto, Fucosagucigua27, Funsaco, Fundemapu, Fundazurza y Escoba, recogen un promedio de 15 mil toneladas de desechos mensualmente. De esta cantidad, apenas pueden reciclar menos del 5 por ciento, explica Gilberto Santos, presidente de Asofunsarec.

“Hasta ahora no es una gran parte la que se separa por falta de apoyo del Gobierno central y de los municipales, donde más se nos apoya es para recoger los residuos sólidos, no para separarlos. El ejercicio de la separación lo estamos haciendo nosotros porque nos interesa resolver el problema de los desechos en el Distrito Nacional”, sostiene.

Precisa que solo para mantener el programa de recolección de desechos a orillas de los ríos Ozama e Isabela, estas asociaciones destinan entre todas cerca de un RD$1,500,000 para el pago de brigadas de recolección y supervisión.

Estas organizaciones brindan sus servicios de recolección de desechos al Ayuntamiento del Distrito Nacional, bajo un acuerdo especial. Actualmente, proveen unos 600 empleos a personas de las comunidades donde tienen influencia.

No obstante, de acuerdo con el presidente de Asofunsarec, estas fundaciones pueden aportar 3 mil empleos más si contaran con el apoyo de las autoridades gubernamentales y municipales.

José Luis García, del cuerpo directivo de Fundación Escoba, denuncia que actualmente el programa de planificación de estas organizaciones es afectado por la advertencia de la Alcaldía del Distrito Nacional que les exige convertirse en empresas para brindar el servicio.

Invitación que estas organizaciones se niegan a aceptar bajo el argumento de que tienen una naturaleza distinta a las demás compañías contratistas, ya que nacieron con un enfoque social, de sensibilización y participación de la ciudadanía en el manejo y aprovechamiento de los residuos.

Medio Ambiente: ya está en marcha plan inclusión

El director de Residuos Sólidos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, John Grullón, reveló a elCaribe, que la institución avanza en la elaboración de un programa piloto de inclusión en beneficio de los recicladores del vertedero Duquesa. Estas acciones cuentan con el acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo y la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional. El plan de dignificación contempla la formalización del colectivo, garantía de empleo, seguridad social e inclusión en planes de viviendas. De acuerdo con la ley 225-20, las políticas de gestión integral de residuos abordarán el registro de recicladores de base y la constitución de empresas sociales que cumplan con los derechos y obligaciones que les correspondan.

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