La decisión de la Junta Central Electoral (JCE) que conmina a los dirigentes políticos a limitar las actividades de promoción de sus aspiraciones a cargos para las elecciones del 2020 otorga un plazo de cinco días para cesar las actividades y retirar las vallas de los espacios públicos a quienes las tengan.
Sin embargo, hasta la tarde de ayer eso no había ocurrido y los grandes afiches promocionando al menos cuatro precandidatos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) se pueden observar.
Los dirigentes Carlos Almarante Baret, Reinaldo Pared Pérez, Carlos Peña y Manuel Crespo se pudieron observar en algunas vías de la capital y Santiago. También hay afiches del dirigente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) Ricardo Espaillat.
Las actividades que deben ser suspendidas son las que incluyan movilización de personas en la vía pública, ya sea mediante caminatas o marchas y caravanas en vehículos de motor, despliegue de propaganda en medios de comunicación, utilización de vallas con imágenes alusivas a candidatos en las calles, carreteras y espacios públicos, así como el uso de altoparlantes emitiendo consignas alusivas a las indicadas aspiraciones personales.
El órgano electoral pidió el apoyo del Ministerio de Interior y Policía, las alcaldías y las gobernaciones provinciales para implementar la medida.
Reacciones a medida
La decisión de la JCE ha generado cuestionamientos desde el punto de vista legal. Entre los dirigentes políticos que han cuestionado la medida figuran el expresidente Leonel Fernández, también presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), y el secretario general y aspirante a la candidatura presidencial por la organización, Reinaldo Pared Pérez.
También cuestionó la decisión el expresidente de la Junta Central Electoral (JCE) Roberto Rosario, que consideró que el órgano desbordó los límites de su alcance legal y “fue sorprendida en su buena fe”.
Quienes cuestionan la decisión de la JCE argumentan que el organismo además de carecer de base legal para tomar la medida y su inaplicabilidad, violenta derechos fundamentales como la libertad de expresión, asociación y el libre tránsito.
En tanto, organizaciones como la FINJUS, Justicia y Transparencia y Participación Ciudadana, han respaldado la decisión del organismo. Lo propio hizo el PRM y el expresidente Hipólito Mejía. También la respaldó el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) y Alianza País de Guillermo Moreno.
