En esta semana entra en vigencia la Ley 84-25, Orgánica de Fiscalización y Control del Congreso Nacional, una de las leyes complementarias de la Constitución de 2010 y de las más importantes, que tardó alrededor de 15 años en las cámaras legislativas para aprobación.
La legislación procura que el Congreso vigile, fiscalice y revise el uso de los fondos públicos y el desempeño de los funcionarios, para que todo se haga con transparencia y en orden. La ley establece sanciones de hasta un año de cárcel por no comparecer a las citaciones de los legisladores y hasta la destitución de funcionarios por faltas graves.
Será este domingo 15 de febrero cuando se cumplen los seis meses de vacatio legis que tiene la norma y esta sea aplicable.
El Poder Ejecutivo promulgó la pieza el 8 de agosto de 2025 y la publicó en la Gaceta Oficial el día 15 de dicho mes. La ley establece, en su artículo 103, que entrará en vigencia a partir de los seis meses de su promulgación y publicación.
La norma jurídica consigna los procedimientos de control y fiscalización, requeridos por las cámaras legislativas para el examen de los informes de la Cámara de Cuentas y de los actos del Poder Ejecutivo; las invitaciones, las interpelaciones, el juicio político y los demás mecanismos de control establecidos por la Carta Magna.
Preparación en Senado y CD
Tanto el Senado como la Cámara de Diputados habían anunciado que se adecuaban al nuevo marco legal.
Con el objetivo de fortalecer las capacidades del personal técnico y administrativo vinculado a las funciones de fiscalización y control político, la Cámara Alta realizará un taller de socialización sobre la referida ley, del 10 al 13 de febrero de este 2026. El fin de la jornada formativa es promover una adecuada comprensión y aplicación de la pieza.
El 20 de agosto de 2025, el presidente de la Cámara Baja, Alfredo Pacheco, informó que ese órgano produciría modificaciones al Reglamento Interno, al Manual de Técnica Legislativa y al Manual del Procedimiento Legislativo, así como a adaptar el espacio físico del hemiciclo, para poder implementar las sesiones de fiscalización y control, en cumplimiento de la Ley 84-25.
Los tres documentos legislativos que mencionó Pacheco amplían las prerrogativas de los diputados y definen cada uno de los pasos y las medidas parlamentarias para la formación de las leyes que se aprueban. La Ley Orgánica de Fiscalización y Control del Congreso Nacional tiene como proponentes a los senadores Félix Bautista (FP-San Juan) y Ramón Rogelio Genao (PRSC-La Vega).
Alcance
El Congreso podrá aplicar la ley y los reglamentos internos de las cámaras en las acciones de las personas físicas o jurídicas que utilicen o se beneficien del patrimonio o del uso de los recursos públicos; así como ante los hechos de los representantes de los tres poderes del Estado, del Tribunal Superior Electoral, la Junta Central Electoral, la Cámara de Cuentas, el Defensor del Pueblo, el Banco Central y el Ministerio Público.
También frente a los hechos de los servidores públicos de las instituciones descentralizadas y autónomas no financieras, las instituciones públicas de la Seguridad Social, empresas públicas no financieras, instituciones descentralizadas y autónomas financieras, empresas públicas financieras, ayuntamientos de los municipios y del Distrito Nacional, las juntas de los distritos municipales y abogado general de la administración pública.
El Congreso debe verificar si el dinero del país se usa de forma correcta y si todo se hace conforme a la Ley y al presupuesto. Esto incluye revisar informes de la Cámara de Cuentas y del Poder Ejecutivo. Si hay algo serio que investigar (como un problema grande o irregularidades), el Congreso puede formar comisiones, para estudiar y explicar lo que ocurrió, y podrá establecer sanciones.
La Ley establece tres tipos principales de sanciones
La legislación establece tres tipos de sanciones principales dentro del ejercicio del control político, tales como por desacato (al no comparecer o no responder), sanción política (voto de censura) y juicio político.
Si una persona es citada legalmente por el Congreso o por una comisión y no asiste sin justificación válida (se niega a responder u obstruye la investigación), puede incurrir en desacato, y ser sancionada con 15 días hasta un año de prisión y multas de hasta dos salarios mínimos del sector público (artículos 39-46 de la Ley).
Asimismo, si un funcionario es interpelado y no responde de manera adecuada, no asiste o sus respuestas son consideradas insatisfactorias, la cámara podrá aprobar un voto de censura (sanción política, no penal), y dependiendo del cargo, puede afectar la permanencia del servidor público (arts. 58–62).
Los funcionarios de alta jerarquía, si cometen faltas graves en el ejercicio de sus funciones, podrían ser destituidos del puesto e inhabilitados de las funciones políticas (arts. 84 al 101).
