A partir de la próxima semana, la Comisión Bicameral que tiene a su cargo el estudio de las leyes electorales entrará en los puntos de conflicto que han impedido que tras 12 años en el Congreso la ley de partidos sea aprobada.La cuota femenina, la organización de las primarias, el uso del padrón electoral y el financiamiento privado se han convertido en la manzana de la discordia del proyecto de ley.
Lupe Núñez, vicepresidente de la Comisión, sostuvo que los integrantes han decidido diferir artículos para el final de los estudios y concentrarse primero en aprobar aquellos que tienen consenso.
“Estos puntos los dejaremos hasta el final, para cuando se termine la revisión completa hacer un análisis comparado de todas las propuestas de los partidos con el de la Junta”.
Manifestó que estos puntos neurálgicos, como el uso del padrón de la JCE o el de los partidos para la celebración de las primarias, son determinantes. En este mismo apartado también se establecerá si las primarias se celebrarían simultáneamente o por separado.
“Algunos partidos quieren que sean simultáneas, pero con padrones abiertos, otros quieren que se deje a opción de los partidos, como propone la JCE”.
Núñez dijo que de 77 artículos que tiene el proyecto de ley han consensuado y aprobado 40. “Este lunes empezaremos a trabajar en el artículo 46 del proyecto sometido por la Junta Central Electoral, que es nuestra matriz de trabajo”, dijo.
El artículo 46, que al inicio se decía seria problemático para su aprobación, pasó la prueba. “Llegamos a un acuerdo que la cúpula de los partidos sólo podrá reservarse un 20% de las candidaturas para negociar, el resto deben ser escogidos mediante celebración de primarias”.
En los próximos encuentros se acentuarán la diferencias, pues se tocará el tema de la igualdad en la propaganda y el financiamiento privado.
Comisión continúa trabajos leyes electorales
La Comisión Bicameral se reúne dos días por semana y ha elegido como metodología de trabajo aprobar artículo por artículo.
Entre los avances en dos meses de reuniones de trabajo acordaron que los partidos deberán dedicar al menos un 20 % de los recursos que reciben del Estado, para dedicarlo a la formación académica de sus miembros.
