Diputadas y diputados provida fijaron posición frente a la acción directa de inconstitucionalidad que procura anular los artículos del nuevo Código Penal relativos al aborto e incorporar, por vía de sentencia, causales que fueron ampliamente conocidas, debatidas y no aprobadas por el Congreso Nacional.
Los legisladores advirtieron que el recurso plantea un problema constitucional de alta gravedad institucional, porque no se limita a pedir el control de una norma, sino que pretende que el Tribunal Constitucional (TC) reescriba el Código Penal y actúe como un órgano legislativo externo, paralelo o sustituto del Congreso.
”El Tribunal Constitucional está llamado a garantizar la Constitución, no a legislar desde una sentencia. La definición de los delitos, las penas y las eximentes corresponde al Congreso Nacional, no a un fallo judicial”, afirmaron.
Los diputados sostuvieron que la Ley 74-25, que instituye el Código Penal, es conforme con la Constitución y desarrolla el mandato del artículo 37, que establece que el derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte.
“La vida desde la concepción no es una opinión religiosa, partidaria ni ideológica. Es una decisión constitucional adoptada soberanamente por la Nación dominicana y obliga a todos los poderes públicos”, expresaron.
Asimismo, recordaron que el Código Penal no desconoce las emergencias médicas, ya que el artículo 111 contempla una eximente para la intervención del personal de salud cuando sea necesario salvar la vida de la madre, del feto o de ambos, una vez agotados los medios científicos y técnicos disponibles.
Wandy Batista: ningún artículo entra en conflicto con libertad de prensa
Por otro lado, el presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados y quien fue vicepresidente de la comisión bicameral que estudió la reforma al Código Penal, Wandy Batista, aseguró ayer que la legislación no contiene ningún artículo que entre en conflicto con la libertad de prensa.
“No creo que haya un solo artículo que entre en conflicto con la libertad de prensa”, sostuvo el legislador, quien atribuyó las críticas sobre ese aspecto a un “error conceptual gravísimo” de quienes han cuestionado la normativa. Batista explicó que las disposiciones sobre difamación e injuria no constituyen una novedad, ya que esas conductas han sido sancionadas penalmente en la República Dominicana desde el Código Penal de origen napoleónico.
Deben interpretarse en armonía con Constitución
Los diputados y diputadas provida también señalaron que los tratados internacionales invocados por los accionantes deben interpretarse en armonía con la Constitución dominicana, no en contra de ella. En ese sentido, afirmaron que el bloque de constitucionalidad no puede ser utilizado para borrar el mandato expreso del artículo 37 ni para crear un derecho al aborto que la Constitución no reconoce. Los congresistas hablaron frente al pódium de la CD.
