“Ahora mismo, hay cientos, sino miles de chicas que están sufriendo de explotación, de matrimonio infantil, pero sobre todo, siendo vendidas por sus madres, por sus padres, por las familias, por la gente que no tienen ninguna consciencia en contra de este tipo de cosas”.

La alerta la hace José Monteiro, director en el país de Misión Internacional de Justicia (IJM, por sus siglas en inglés), quien explicó que la República Dominica no cuenta con un mecanismo para que, una vez las víctimas de explotación y trata de personas son rescatadas de ese mundo, reciban un buen tratamiento psicoterapéutico.

“Esas chicas cuando vienen de situaciones de explotación sexual ya vienen con comportamientos sexuales, a veces adictas a drogas, al alcohol, y el Gobierno debe tener una mano de obra especializada para la atención de estas víctimas”, manifestó Monteiro.

Otra advertencia que hace el representante de la IJM, entidad que tiene seis años operando en el país trabajando con instituciones y la sociedad civil en la lucha contra la trata de personas, es que si no se hace un esfuerzo mayor con el tema, República Dominicana podría ser degradada a la categoría 3 del informe anual del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre el cumplimiento de los acuerdos para eliminar este flagelo.

Con otra degradación inversiones se afectarían

Este año, el país fue degradado a nivel 2 de observación. Si se degrada aún más, al nivel 3, las inversiones estadounidenses en el país podrían verse afectadas, explicó Monteiro.

“El nivel de inversión de Estados Unidos en el país es muy alto, relaciones de cooperación que se pueden dañar si el país se degrada a la capa tres o si se mantiene en el nivel de vigilancia, por dos años, en el tercer año automáticamente de degrada en la etapa tres… las consecuencia es que pierde posibilidad de recibir inversiones de Estados Unidos, las que no sean humanitarias”, sostuvo.

En ese sentido, una de las sugerencias que hacen al Gobierno dominicano, para cumplir con las recomendaciones que se le hizo al país para cumplir con los acuerdos, es que se modifique la Ley número 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas.

“Tenemos el año que viene para que el Estado dominicano denueste la voluntad política y acciones concertamos porque si no en el 2022 se degrada y pierde esas inversiones”, advirtió.

Sobre la modificación de la ley, la directora de Fortalecimiento del Sistema Público de Justicia de la IJM, Sonia Hernández, explicó que esta es una recomendación que ha hecho los Estados Unidos durante los últimos cuatro años.

“Lo que se requiere es que, como esto es un delito que ha evolucionado y nuestra ley es desde el año 2003, se requiere que sea actualizado bajos las nuevas modalidades que tienen los tratantes para cometer este delito”, dijo Hernández.

Expuso que esta ley establece como una responsable del delito a la propia víctima de trata y tráfico.

Elaboraron un proyecto de ley sobre la trata

Hernández indicó que se ha elaborado un proyecto de ley, producto de las mesas que se están llevando a cabo, desde el año pasado, en la Comisión Interinstitucional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (CITIM). El mismo se encuentra en el departamento jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores esperando llegar hasta el Congreso Nacional. “Es un paso que ha dado el país, pero todavía no llegan ante las autoridades para que finalmente sea aprobado como una ley y se quede derogada la anterior”, expresó.

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