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La red de trata de mujeres con fines de explotación sexual, desarticulada mediante la operación Cattleya, no solo estaba integrada por civiles, sino que además en la misma participan exmilitares y policías activos.

Así lo ha establecido el Ministerio Público, que ha dicho que los llamados a garantizar la seguridad de las personas, utilizaron sus cargos para infringir temor en las víctimas, bajo la amenaza de que serían apresadas o deportadas a su país de origen si no se sujetaban a las reglas de explotación a las que estaban siendo sometidas.

En la solicitud de medida de coerción contra los imputados en este caso, el órgano acusador indica que producto de estas amenazas las mujeres, procedentes de Venezuela y Colombia, a las que además, se les mantenían raptadas y les quitaban sus pasaportes, desistían de cualquier intento de denunciar el abuso que padecían.

Uno de los policías, que dicen los fiscales, integran la red es Dionicio Mieses de la Cruz, alias Dionis, a quien identifican como mano derecha de José Alberto Soriano Rosario (a) Cirujano, uno de los presuntos líderes de la red criminal, que explotaba sexualmente a 80 mujeres, de entre 18 y 23 años, que eran traídas al país bajo la promesa de tener un trabajo como camareras en bares o restaurantes.

Mieses de la Cruz era uno de los promotores de la red, dice el Ministerio Público que lo sometió aparte de los primeros 15 imputados en este caso, por lo que están solicitando que se fusione ambos procesos.
Promotor y vigilante

De acuerdo al documento acusatorio, el agente policial, del que no especifican su rango, tenía la función de ofrecer los servicios sexuales de las víctimas a través de las redes sociales, trasladarlas a los lugares requeridos por los clientes, como también recibir de manos de la víctima todo el dinero que le pagaban.

Precisa, además, que era el vigilante de las mujeres que estaban recluidas en uno de los hoteles que tenían destinados para tales fines. “Haciendo para esto uso y abuso de su condición de miembro de la Policía Nacional, lo que informaba a la víctima como medio de coacción”, detalla.

Por el momento, el Ministerio Público no ha sometido a más policías o militares que estarían vinculados a la red de trata de personas que explotaba sexualmente a mujeres provenientes de Sudamérica, a la que le daban seguimiento desde diciembre pasado y en cuyas investigaciones se utilizaron agentes encubiertos que simularon ser posibles clientes para obtener las evidencias necesarias.

Junto a Mieses de la Cruz son imputados en el caso, José Michel Guridis (a) Michel, Daniel Inirio Abreu (a) Daniel y a José Alberto Rosario (a) Cirujano, quienes son los presuntos líderes de esta red; además de otras personas, que permanecen en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva a la espera de que se les conozca medida de coerción el próximo jueves.

Están amenazando a familia de las víctimas

En el expediente también se indica que, luego de la puesta en marcha de la Operación Cattleya varias víctimas reportaron que sus familias en Colombia están siendo amenazadas por miembros de la red que se encuentran en ese país suramericano. Detalla que las amenazas no solo se han hecho luego del operativo, sino que durante el tiempo que las explotaban, a las víctimas (muchas de ellas se encontraban en hoteles en estado de hacinamiento) se les decían que si negaban a realizar las actos sexuales, le harían daño a sus familiares en sus respectivos países de origen.

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