El procurador adjunto Wilson Camacho destacó la fortaleza de la investigación que llevó al arresto de militares y civiles en la operación Lobo puesta en marcha por el Ministerio Público contra una red de sobornos y resaltó que cinco de diez imputados admitieron su participación en los hechos.
“El hecho de que cinco de los diez imputados, o sea, el 50% de los imputados, haya admitido los hechos es una muestra de la fortaleza de la investigación del Ministerio Público y de las razones que hemos aportado al tribunal para que acoja el pedimento del Ministerio Público e imponga a estos (los que confesaron) arresto domiciliario e imponga a los demás prisión preventiva”, sostuvo Camacho.
“Este es un proceso único, ya que pocas veces un proceso tiene a los sobornantes, a los intermediarios y a los sobornantes, y ahora esperamos que el sistema de justicia, sobre todo, con aquellos que no han colaborado con el Ministerio Público, responda en consecuencia”, indicó Camacho.
El responsable de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público encabezó el equipo de fiscales en la audiencia y que estuvo integrado además por la procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Elizabeth Paredes, Ernesto Guzmán, Yoneivy González y Rosa María Pichardo.
El procurador adjunto calificó como irrefutables las pruebas presentadas al tribunal, las cuales incluyen documentación financiera precisa sobre cada transacción vinculada a los sobornos.
“Cada peso que se pagó en soborno está probado en el tribunal con los documentos contables que fueron aportados desde Senase al proceso y con las transacciones financieras que se soportaron sobre esta distribución de sobornos”, puntualizó Camacho.
Explicó que el expediente confirma que todos los imputados tienen registrado el pago de sobornos. “Hay un hecho fundamental: las transferencias las hizo Quilvio Rodríguez desde su empresa directo a las cuentas de los encargados de seguridad de las instituciones”, dijo.
“¿Cómo consiguió Quilvio las cuentas de estas personas? Se las facilitaron ellos en reuniones que se hicieron para coordinar la distribución de los sobornos, y esto es razón más que suficiente para que el tribunal imponga la medida de coerción que ha solicitado el Ministerio Público”, añadió. Destacó que la colaboración debe ser un elemento diferenciador en el proceso penal.
El juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, se reservó el fallo y será este jueves, a las 6:00 de la tarde, cuando emita la decisión. Los imputados enfrentan cargos por soborno, asociación de malhechores, estafa contra el Estado y lavado de activos.
