La modificación a la Ley Electoral 15/19 que aprobó el Senado de la República, ha generado rechazo de los partidos políticos, de la Junta Central Electoral y de entidades de la sociedad civil como la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus).

La Cámara de Diputados integró una comisión especial para estudiar el proyecto que aprobó el senado y que fue cuestionado por la JCE al considerar que reduce la autonomía del organismo y deja de lado temas como bajar el límite al financiamiento de las campañas y la paridad de género.

Uno de los puntos que genera mayor preocupación es el que tiene que ver con la convocatoria a las audiencias de la JCE con los partidos políticos.

El cambio en el artículo 25 (27 en el proyecto) obliga a la JCE a realizar audiencias públicas con los partidos políticos todos los meses en el año electoral y cada cuatro meses en los años en que no se hagan elecciones.

La modificación aprobada por el senado a ese artículo, incluye que cuando el 25% o más de los y movimientos políticos tengan una reclamación pueden solicitar a la JCE realizar una audiencia pública sobre la petición o exigencia y la JCE debe fijar posición y pronunciarse mediante resolución sobre lo solicitado por las organizaciones.

«Sería peligroso que la Cámara de Diputados apruebe las modificaciones hecha por el senado a la ley electoral

El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, consideró que sería riesgoso que la Cámara de Diputados apruebe las modificaciones que hizo el Senado a la ley Electoral porque ese proyecto no toma en cuenta los consensos que se generaron en el seno del Consejo Económico y Social y le quita autonomía a la JCE.

“Me párese que frente a la preocupación que han externado los Miembros de la JCE, las cuales muchas de ellas son válidas, pues debilitan al Órgano, Pacheco debiera de convocar con carácter de Urgencia a los Miembros de la JCE, al presidente del Consejo Económico y social, a los Senadores que conformaron la comisión que aprobó el informe, entre otros Sectores”, apuntó.

El transfuguismo

En tanto, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) condena que el proyecto aprobado en el Senado no establezca sanciones para el transfuguismo.

“En los artículos 3.5 y 138 del proyecto aprobado se define el transfuguismo, pero el Senado excluyó la definición de tránsfuga y no consideró ninguna sanción a este fenómeno, lo que demuestra que al PRM poco le importa el daño que el transfuguismo causa a democracia dominicana”, indica el también secretario de asuntos jurídicos del PLD”, sostuvo José Dantés, titular de la secretaria de asuntos jurídicos.

El delegado político del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Tácito Perdomo, también emitió críticas al proyecto aprobado en la Cámara Alta por mantener el voto preferencial.

Igualmente, el dirigente de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), José Ricardo Taveras, criticó el proyecto por mantener el voto preferencial. “Aquí no se elige, aquí se hacen subastas electorales, gana el que paga, para después de ganar, a través del populismo y con dinero ajeno pagar un inquilinato por el puesto, si eso es democracia, entonces no nos sirve de nada. Ojo con ese placebo vestido de reforma”, declaró.

Otros partidos de oposición, como la Fuerza del Pueblo (FP) y el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) han guardado silencio respecto a los cambios que aprobó el Senado a la ley del Régimen Electoral 15/19. La ley fue modificada sin mayores debate en el Senado y ahora falta la sanción en la Cámara de Diputados.

Relativo al dinero quedó intacto en modificación

En las modificaciones que aprobó el Senado a la ley 15/19 no figuran el criterio que propuso la JCE para la distribución de los recursos que reciben los partidos del Estado. La JCE plantea que el 70% se entregue en función a la cantidad de votos que logre cada organización y el 30% en partes iguales.

Actualmente, el 80% de los recursos que reciben los partidos está destinado para los que logran una votación superior al 5% en las últimas elecciones.

Sobre ese tema, no hay consenso en los partidos y hay tres propuestas distintas. El Senado tampoco acogió la recomendación de la JCE de reducir el tope de gastos en la campaña electoral.

El órgano sugiere bajar de 122 pesos a 42 pesos por cada votante, el gasto máximo de la campaña para una candidatura presidencial. Mientras que para los cargos congresuales propuso bajar el monto de 105 pesos por cada habitante a 36 pesos. Para los cargos municipales, propone reducir de 87 a 30 pesos por cada habitante para la candidatura a una alcaldía.

Mientras que los aspirantes a directores de distritos municipales que actualmente pueden gastar hasta 87 pesos por cada habitante, el monto sería de apenas 15 pesos. Los aspirantes a regidores también bajan a 15 pesos.

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