Castelin Marleny de Jesús, de 38 años, el pasado 14 de agosto, en el municipio de Los Alcarrizos, sobrevivió a un ataque brutal que estuvo a punto de arrebatarle la vida. Hoy, mientras intenta recuperarse de las heridas físicas y emocionales, permanece refugiada en una casa de acogida junto a sus dos hijas, de 8 y 9 años, lejos de su hogar y de la vida que antes conocía.
Su mayor deseo es volver a casa, recuperar la tranquilidad y permitir que sus niñas retomen su rutina. Sin embargo, el temor de encontrarse nuevamente con el hombre que intentó matarla la mantiene en un refugio, mientras el señalado agresor continúa en libertad.
Marleny recuerda con angustia el momento en que su expareja, Festo Mario Sandoval, un taxista de 65 años, la atacó en la vivienda donde residía. Según su relato, acababa de entrar y se dirigía al baño cuando fue sorprendida por detrás.
La tomó por los cabellos, la derribó y comenzó a golpearla en la cabeza. Después, la arrastró hasta una habitación, donde la inmovilizó sobre una cama y sacó un cúter que llevaba preparado en el bolsillo.
Entonces comenzaron las estocadas. Cada herida fue una lucha por sobrevivir. En medio del horror, Marleny no solo enfrentaba el dolor y la posibilidad de morir; también tenía que soportar la angustia de que sus propias hijas, dos niñas de apenas 8 y 9 años, presenciaran la violencia contra su madre.
La pesadilla no terminó cuando recibió atención por sus seis heridas profundas en el rostro que requirieron aproximadamente 150 puntos de sutura. Según denuncia, al día siguiente, su agresor la llamó por teléfono, preguntándole por las niñas como si nada hubiera ocurrido.
“Aló, dime a ve’… ¿y tú? Ponme a las niñas”, le dijo, como si nada hubiera pasado.
Marleny afirma que durante los 22 años que permanecieron casados, su expareja mostró comportamientos de celos y control. Según cuenta, la seguía hasta su lugar de trabajo y revisaba constantemente su teléfono celular.
A pesar de esas señales, asegura que nunca imaginó que la situación llegaría al extremo de un ataque que pusiera su vida en peligro.
Actualmente, Marleny se encuentra en una casa de acogida junto a sus hijas. Allí busca protección, pero también carga con la tristeza de haber perdido, al menos temporalmente, la libertad de regresar a su propia casa.
Este 14 de octubre se van cumplir dos meses de la tragedia, sin embargo, sus familiares expresan que ella quiere volver a su casa debido a que nota que su caso no avanza y que las autoridades no han sido capaces de capturarlo.
“El Estado tiene que ser garante”
La historia de Marleny resume el desafío que todavía enfrenta el sistema de protección de las víctimas de violencia de género en República Dominicana.
Aunque falta mucho por hacer para lograr una verdadera coordinación integral en la protección de las víctimas de violencia de género, intrafamiliar o sexual, en los últimos años el Estado dominicano ha implementado una serie de políticas públicas y programas dirigidos a enfrentar este flagelo que continúa afectando a miles de mujeres.
El principal desafío, sin embargo, sigue siendo lograr una integración efectiva entre todos los actores que intervienen en la atención de las víctimas, desde las instituciones responsables de recibir las denuncias hasta aquellas encargadas de brindar protección, asistencia psicológica, apoyo social y seguimiento a los casos.
La Procuraduría General de la República, el Servicio Nacional de Salud, el Poder Judicial, el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Educación, entre otras entidades, cuentan con unidades o programas vinculados a la equidad y la violencia de género, pero esa estructura institucional no siempre se traduce en una respuesta coordinada para las víctimas.
Varios expertos coinciden en que por ahora cada quien trabaja de su cuenta y “esa articulación no existe”. Una mujer que abandona su hogar puede necesitar un lugar seguro donde vivir, atención psicológica, asistencia legal, protección policial, continuidad educativa para sus hijos y apoyo para recuperar su estabilidad económica. Si esas respuestas no están conectadas, la víctima puede quedar nuevamente expuesta al riesgo.
“El Estado tiene que ser garante de la vida de una mujer una vez que entra al sistema. Le toca al Estado proteger su vida”, resalta Solange Alvarado, directora Centro de Atención a Sobrevivientes de Violencia. Sin embargo, reconoce que dar una verdadera protección integral a la mujer “le sale bien caro al Estado”.
Ministerio de la mujer
El Ministerio de la Mujer informa que ofrece orientación, asistencia psicológica y legal a mujeres víctimas de violencia, mediante una evaluación inicial que permite identificar sus necesidades de protección y el nivel de riesgo. Cuando existe peligro inminente para la vida o la integridad de la víctima, coordina acciones con el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, el Ministerio Público, la Policía Nacional, según las circunstancias de cada caso.
La institución explica que, cuando las mujeres presentan afectaciones emocionales que requieren atención clínica especializada, tratamiento médico o evaluación psiquiátrica, son referidas a establecimientos de la red pública de salud.
Precisa que la atención clínica y psiquiátrica corresponde al Ministerio de Salud Pública, al Servicio Nacional de Salud y a los centros habilitados, mientras que el Ministerio de la Mujer facilita el referimiento y da seguimiento, según las condiciones del caso, para verificar el acceso al servicio.
Centro de Sobrevivientes de Violencia
Entre las iniciativas que tiene el Estado se encuentra el Centro de Atención a Sobrevivientes de Violencia, una entidad que opera bajo la sombrilla del Ministerio Público y que ofrece acompañamiento psicológico y otras herramientas de apoyo a mujeres que han decidido denunciar situaciones de violencia.
“El Ministerio Público creó este centro hace ya 19 años para que todas las mujeres que interponen denuncia en el Distrito Nacional sean referidas desde las mismas fiscalías comunitarias hacia acá. Entonces se va llevando el proceso legal y el proceso psicológico de acompañamiento al mismo tiempo”, explica su directora, Solange Alvarado.
El programa busca ayudar a las víctimas a superar las secuelas emocionales de la violencia, recuperar su estabilidad y desarrollar herramientas para reconstruir sus vidas lejos de las relaciones abusivas.
Alvarado explica que la atención psicológica se desarrolla de manera paralela al proceso legal, mediante terapias individuales y atención psiquiátrica cuando las condiciones de la paciente lo requieren.
La iniciativa también contempla sesiones grupales en las que las mujeres comparten sus experiencias, reciben orientación para identificar patrones de abuso y encuentran apoyo en otras sobrevivientes.
Alvarado destaca que estos espacios contribuyen a romper el aislamiento que muchas víctimas experimentan y a fortalecer sus redes de apoyo durante la recuperación.
En sus años de funcionamiento, el centro ha atendido a 13,842 mujeres, capacitado a 1,073 en educación financiera y a 3,260 en temas de violencia de género.
Además, mediante el Banco Adopem, las sobrevivientes han recibido RD$9,685,700 para impulsar emprendimientos y fortalecer su autonomía económica, un componente importante para reconstruir sus vidas sin depender financieramente de sus agresores.
Sin embargo, pese a los resultados alcanzados, el centro surgió como un plan piloto que no ha sido replicado en otras jurisdicciones del país, lo que limita la posibilidad de que más mujeres accedan a este modelo de atención integral durante sus procesos de recuperación.
Centro Conductual para Hombres
De igual modo, en el país funciona un Centro Conductual para Hombres al que son remitidos por jueces y fiscales hombres vinculados a procesos judiciales por violencia de género e intrafamiliar, con el propósito de que reciban atención terapéutica y desarrollen herramientas para modificar conductas violentas.
El centro recibe mensualmente alrededor de 150 nuevos usuarios, quienes llegan con una referencia judicial o fiscal. Al ingresar son registrados y participan en una primera sesión de acogida, en la que se les explica el funcionamiento del programa, sus beneficios y las consecuencias de incumplir con el proceso.
Luego son asignados a un terapeuta y participan en sesiones individuales y grupales. El componente grupal está dividido en tres bloques de ocho sesiones de dos horas cada una, orientados a la sensibilización sobre la violencia, el desarrollo de habilidades para mantener los cambios y un proceso psicoeducativo.
“Nosotros trabajamos mucho la motivación para que el usuario se mantenga en el programa, porque la sensibilización sobre la problemática y tener herramientas para manejarse es fundamental”, afirma Rocío Rodríguez, psicóloga, terapeuta y encargada del Centro Conductual para Hombres.
Rodríguez explica que durante el proceso se trabajan emociones como la ira, los celos y la envidia, además de patrones de conducta aprendidos desde la infancia y reforzados por factores culturales. El centro también realiza evaluaciones psicométricas que sirven de apoyo al tratamiento y da seguimiento a las inasistencias, que son notificadas a los fiscales correspondientes.
La especialista reconoce que el programa enfrenta limitaciones para ofrecer una atención completamente integral, debido a la falta de psiquiatras y al elevado número de usuarios.
Algunos llegan con depresión severa, ideas suicidas o problemas de dependencia que requieren atención especializada y deben ser referidos a otros servicios. Aun así, destaca que en los 18 años de funcionamiento del centro no se ha registrado, hasta ahora, un caso de un hombre que haya culminado el programa y posteriormente haya cometido un feminicidio.
Franklin de la Cruz reconoce que antes de recibir ayuda terapéutica su forma de manejar la ira representaba una amenaza para su relación.
“Cuando le daba a las paredes, no le estaba dando a la pared en sí, le estaba dando a ella. Ese era el simulacro y, un día, tal vez iba a cometer un error y terminaría golpeándola”, relata al recordar el comportamiento que logró identificar y cambiar durante su proceso.
El hombre atribuye ese cambio a la intervención del Centro Conductual para Hombres de la Procuraduría General de la República, donde aprendió a reconocer sus emociones y a enfrentar las conductas que podían llevarlo a ejercer violencia contra su pareja.
“Le damos gracias al proceso terapéutico del Centro Conductual para Hombres, porque yo estuviera divorciado, tal vez estuviera preso. Hoy le puedo decir que mi matrimonio se levanta como el ave fénix. Estoy enamorado de mi esposa más que antes. Me siento como rellenado de palabras positivas”, expresa Franklin.
Comisión de Género del Poder Judicial
Por otro lado, la Comisión de Género del Poder Judicial trabaja en la sensibilización, orientación y formación de jueces y juezas para fortalecer la respuesta del sistema de justicia frente a la violencia de género, explicó Yocelin Calvo Peña, jueza de la Corte Penal de San Cristóbal e integrante de ese organismo.
“Nosotros trabajamos fundamentalmente en la sensibilización, la orientación y la formación”, expresa la magistrada al explicar que la comisión desarrolla actividades para promover una mayor comprensión de esta problemática dentro y fuera de los tribunales.
En el Departamento Judicial de San Cristóbal, la comisión está integrada por cinco jueces, hombres y mujeres, que organizan talleres, charlas y jornadas de sensibilización dirigidas a distintos sectores.
La magistrada señaló que también procuran que sus compañeros comprendan la importancia de abordar estos casos con conocimiento y sensibilidad. “La Comisión de Género tiene precisamente ese propósito: que el tema no se vea como algo ajeno al sistema judicial, sino como una realidad que requiere conocimiento, sensibilidad y preparación”, sostiene.
Aunque reconoce que todavía queda mucho por hacer, destaca los avances alcanzados y advierte que la violencia de género no puede enfrentarse únicamente mediante decisiones judiciales. “La violencia de género no se combate únicamente con una sentencia”, afirma, al insistir en la necesidad de fortalecer la prevención, la protección, la atención a las víctimas, el seguimiento, la educación y la intervención con los agresores.
Sistema educativo dominicano
Asimismo, la psicóloga educativa Yorjelis Morales, quien labora en el Politécnico Nuestra Señora de la Altagracia, indica que el principal desafío para enfrentar la violencia intrafamiliar desde las escuelas no está necesariamente en la falta de preparación de docentes y orientadores, sino en la desprotección que enfrentan cuando deben intervenir o denunciar estos casos.
Morales sostiene que el personal educativo cuenta con formación para reconocer señales de violencia y dispone de manuales, guías y protocolos que establecen cómo actuar. Sin embargo, cuestiona que estos conocimientos sean suficientes si quienes detectan las situaciones no sienten que cuentan con el respaldo institucional necesario para actuar. “El problema no está en la falta de preparación del personal, sino en la falta de protección al momento de actuar”, afirma.
A su juicio, los docentes y orientadores mantienen un contacto permanente con los estudiantes y, en muchos casos, pueden conocer sus cambios de conducta incluso más que las personas de su entorno familiar.
Por ello, pueden identificar señales de alerta, pero el temor a las consecuencias de denunciar o intervenir puede convertirse en una barrera para actuar oportunamente.
Ante esta realidad, la especialista considera necesario que los ministerios vinculados a la protección de la niñez y al sistema educativo establezcan mesas de trabajo permanentes, donde se revise periódicamente el manejo y seguimiento de estos casos y, sobre todo, se garantice protección al personal que interviene. “Más que un refuerzo al conocimiento técnico, considero que se deben generar espacios y mesas de trabajo donde cada mes se siga socializando el tema del seguimiento adecuado a estas situaciones y brindar un respaldo institucional real”, plantea.
CEDI-Mujer: solo dos centros en el país
Otro espacio que existe en el país, es el Centro de Desarrollo Integral para la Mujer (CEDI-Mujer) es una iniciativa del Gobierno que funciona desde 2021, coordinada por el Gabinete de Política Social, y ofrece más de 20 servicios gratuitos a mujeres adultas y adolescentes en situación de vulnerabilidad.
Pese a su importancia, solo cuenta con dos sucursales, ubicadas en Santiago y en el municipio de Santo Domingo Norte, lo que limita su alcance a otras comunidades del país. A pesar de la importante labor que realiza, sus representantes se negaron a conceder una entrevista a este medio para ampliar detalles sobre los resultados del programa, sus desafíos y los planes para extender sus servicios a otras provincias.
Protege a 944 niños en orfandad
El Gobierno dominicano protege actualmente a 944 niños, niñas y adolescentes que quedaron en orfandad a causa de feminicidios, mediante un programa de apoyo económico que beneficia a 399 familias acogedoras, según datos suministrados por la Dirección de Desarrollo Social Supérate.
La iniciativa fue puesta en marcha en 2021 por el Ministerio de la Mujer y consiste en un subsidio mensual de RD$10,000 para las familias que asumen el cuidado de estos menores, así como para mujeres víctimas de violencia de género e intrafamiliar en condiciones de pobreza y vulnerabilidad.
Del monto otorgado a cada hogar, RD$6,500 son de libre disposición y RD$3,500 están destinados a la compra de alimentos. El objetivo es contribuir a cubrir las necesidades básicas de los menores y brindar respaldo económico a quienes asumen su crianza tras la muerte de sus madres.
Entre 2021 y 2026, el Estado ha destinado RD$492,720,728 al subsidio Supérate Mujer, de los cuales RD$153,393,352.61 corresponden a las familias acogedoras de niño en orfandad por feminicidios. En la actualidad, el programa registra 1,413 hogares beneficiarios, 399 familias acogedoras y 1,014 mujeres víctimas de violencia. “El gobierno dominicano tiene programas y acciones en diversas instituciones conforme a los roles misionales de las mismas”, informa Supérate.
 | «Al centro Conductual para Hombres llegan mensualmente unos 150 hombres nuevos” Rocío Rodríguez psicóloga terapeuta del centro |
 | “El problema no está en la falta de preparación del personal, sino en la falta de protección al momento de actuar” Yorjelis Morales psicóloga educativa |
