Santo Domingo. El senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, afirmó este jueves que la República Dominicana debe enviar un «mensaje claro de ley y orden» mediante el fortalecimiento de las sanciones contra el tráfico ilícito de migrantes y el reforzamiento de los controles fronterizos.
Durante un video publicado en sus redes sociales, el legislador sostuvo que hacer cumplir la ley, imponer sanciones más severas y proteger la frontera constituye una responsabilidad del Estado. A su juicio, el tráfico ilícito de migrantes haitianos va más allá de una simple infracción migratoria, ya que alimenta redes criminales, debilita el control de la frontera y compromete la seguridad nacional.
Cuestiona las condenas sin prisión
Fernández expresó preocupación porque, según dijo, de siete personas condenadas por tráfico ilícito de migrantes, cinco no cumplirán penas de prisión.
En ese contexto, consideró que quienes obtienen beneficios económicos mediante esa actividad deben enfrentar consecuencias acordes con la gravedad del delito.
El senador reiteró su propuesta de crear un centro de detención para personas en condición migratoria irregular, con el objetivo de que, según explicó, quienes violen las leyes migratorias enfrenten las consecuencias legales correspondientes.
Asimismo, recordó que impulsó una iniciativa para impedir de por vida que los condenados por tráfico de migrantes ocuparan cargos públicos. Aunque esa propuesta no prosperó, señaló que sí se logró ampliar a 20 años, después de cumplida la pena de prisión, el período de inhabilitación para ejercer funciones públicas.
Pide fortalecer los procesos de deportación
Fernández también afirmó que el Estado debe fortalecer los mecanismos de detención, procesamiento y repatriación de las personas que permanezcan ilegalmente en el territorio nacional.
Durante sus declaraciones, sostuvo que existen irregularidades en algunos procesos de deportación y afirmó que el negocio del tráfico de migrantes no podría operar sin algún grado de complicidad de autoridades. Sin embargo, no presentó pruebas que respaldaran esas afirmaciones.
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El legislador insistió en que las autoridades deben actuar con mayor firmeza contra las redes dedicadas al tráfico ilícito de migrantes y reiteró que garantizar el cumplimiento de la ley y el orden no constituye un acto de intolerancia, sino una obligación del Estado para proteger la seguridad y asegurar el respeto a las normas vigentes.
