Participación Ciudadana encendió las alarmas ante lo que considera un grave retroceso en la lucha contra la corrupción en República Dominicana. La organización advirtió que los intentos por frenar o extinguir procesos penales de alto impacto, como el caso Medusa, representan un serio golpe a la confianza pública en la justicia.
Según la entidad, la estrategia de dilación judicial utilizada por imputados y abogados amenaza con dejar sin consecuencias uno de los expedientes más grandes de presunta corrupción administrativa del país.
En una reciente declaración, Participación Ciudadana recordó que solo en la fase preliminar del caso Jean Alain Rodríguez se registraron 94 aplazamientos, cifra contenida en la decisión del juez Amauri Martínez que envió el expediente a juicio de fondo.
Desde entonces, el inicio formal del juicio ha sido pospuesto en 12 ocasiones durante 17 meses, con algunos retrasos justificados —como el fallecimiento de un abogado—, pero la mayoría vinculados a recusaciones, recursos y maniobras procesales.
La organización subraya que la Suprema Corte de Justicia también ha tardado en resolver incidentes presentados por los imputados, lo que contribuye a extender el proceso más allá de los plazos razonables.
Señalan tácticas dilatorias y riesgos de prescripción
La observación continua del caso les ha permitido identificar patrones de coordinación entre imputados para producir retrasos. Aunque algunos implicados afirman no participar en incidentes, la entidad asegura que promueven que otros lo hagan para retrasar el avance.
El expediente Medusa incluye 40 personas y 22 sociedades acusadas de desfalcar al Estado por más de 6 mil millones de pesos. La mitad ha admitido culpabilidad y señalado directamente a quienes insisten en no reconocer los hechos.
Pese a ello, el exprocurador Jean Alain Rodríguez ha declarado que las demoras son responsabilidad de la acusación, señalando fallas del Ministerio Público. Participación Ciudadana considera estas afirmaciones un intento de distraer la atención del verdadero objetivo: lograr que el caso prescriba.
Un reto sin precedentes para el sistema judicial
La organización reconoce que el Ministerio Público enfrenta expedientes complejos, con redes criminales que por años operaron dentro del Estado. Sin embargo, resalta que nunca antes la justicia dominicana había tenido la oportunidad de procesar estructuras de corrupción tan amplias.
Por ello, insiste en que la ciudadanía exige respuestas y decisiones oportunas. Para Participación Ciudadana, el país no puede permitir que tácticas dilatorias vuelvan a abrir las puertas a la impunidad.
La entidad hizo un llamado firme al presidente de la Suprema Corte de Justicia y a los jueces responsables de los grandes casos de corrupción: actuar con celeridad, imparcialidad y estricto apego a la ley.
“No puede haber privilegios para quienes están acusados de robar lo público”, expresó la organización, recordando que desde 2017 la ciudadanía ha demandado el fin de la corrupción y la impunidad.
Participación Ciudadana concluyó su comunicado instando a proteger los avances logrados y a no permitir que la presión de los acusados ni las demoras procesales paralicen la justicia en uno de los casos más emblemáticos del país.
