Santo Domingo.- El movimiento cívico Participación Ciudadana presentó su octavo informe del Observatorio de casos de corrupción administrativa, centrado en la evolución del proceso judicial contra Jean Alain Rodríguez y otros imputados por presuntos actos de gran corrupción en el sector público.
El documento analiza los avances y retrasos desde la imposición de medidas de coerción el 14 de julio de 2021, en un expediente que, de mantenerse el ritmo actual, cumplirá cinco años sin una sentencia de fondo en julio próximo.
El informe detalla que el proceso ha estado marcado por dilaciones significativas. Tras casi dos años para alcanzar la fase preliminar, el juicio requirió 95 audiencias hasta septiembre de 2024. Desde entonces, el inicio del juicio de fondo ha sido aplazado en 22 ocasiones. Según la organización, estas audiencias se han concentrado en la discusión de incidentes promovidos por las defensas, en contradicción con lo establecido en el artículo 305 del Código Procesal Penal, que dispone que dichas cuestiones deben resolverse en un solo acto sin suspender el curso del juicio.
En ese contexto, el rol de los jueces ha sido determinante en la conducción del proceso. El informe señala que corresponde al tribunal garantizar el cumplimiento de los plazos y evitar que los incidentes procesales se conviertan en mecanismos de dilación.
Aunque las altas cortes, como la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional, han establecido que el plazo razonable debe evaluarse considerando la complejidad del caso y la conducta de las partes, Participación Ciudadana subraya que la gestión judicial en las audiencias también incide directamente en la duración del proceso y en la posibilidad de que avance hacia una decisión de fondo.
Participación Ciudadana advierte que esta dinámica procesal coloca el caso, junto a otros expedientes de corrupción administrativa en los tribunales de la República Dominicana, en riesgo de extinción de la acción pública por vencimiento del plazo máximo de duración. Aunque el nuevo Código Penal que entrará en vigor este año introduce sanciones más severas, de hasta 20 años de prisión para delitos de corrupción, la organización sostiene que la principal debilidad sigue siendo la incapacidad del sistema para aplicar las sanciones de manera efectiva y oportuna.
A un año y ocho meses de haber sido enviado a juicio de fondo, el caso aún no ha podido iniciar formalmente esa fase, lo que, según el informe, refuerza las preocupaciones sobre la eficacia del sistema judicial frente a la corrupción.
