El movimiento cívico Participación Ciudadana (PC) externó su preocupación por el riesgo que -a su juicio- hay en aspectos del proyecto de ley orgánica que regula la libertad de expresión y medios audiovisuales, en especial en lo concerniente a la eliminación de datos e informaciones ante supuestas violaciones de derechos.
Aunque el órgano no partidista reiteró su apoyo a la controversial legislación, tras reunirse ayer con la comisión especial de senadores a cargo de la propuesta de ley, presentó una serie de observaciones y sugerencias con el ánimo de que los comisionados hagan reparos a la normativa.
La coordinadora general de PC, Leidy Blanco, abogó por que los procesos judiciales no sean borrados, como manda el proyecto, pues considera que deben ser públicos, porque “es parte del proceso judicial”.
Entre “los grandes desafíos” que hay en el pliego de ley, según dijo, está en materia de corrupción, artículo 59, “el cual dispone que en ocasión de un proceso judicial, el juez puede ordenar que se suprima del proceso los datos que resulten difamatorios o injuriosos”.
“Eso sería imposible, ¿por qué? Porque tanto los abogados como el Ministerio Público, los fiscales, presentan una acusación, y las acusaciones presentan datos que pueden ser para el imputado difamatorios pero es parte de una acusación. Entonces tiene que haber una eximente en estos casos, que son los presos judiciales”, sostuvo.
Al profundizar en el artículo 23, señaló que este establece la posibilidad de indexación, de requerir el borrado de información cuando el solicitante pruebe un daño cierto sustantivo en su vida privada, pero que el párrafo I dice no proceder a la administración cuando se trata de funcionarios públicos y personas de relevancia pública.
En tal sentido, Blanco cree que es importante incluir ahí los procesos judiciales. “Los procesos judiciales no pueden ser borrados, porque son procesos que deben ser públicos, y eso es parte del proceso judicial”, resaltó.
La representante de Participación Ciudadana se refirió, además, al artículo 9 de la pieza, que habla sobre los archivos informativos, el cual dice que los medios tienen derecho a preservar la información veraz. “Esto implica un riesgo, que se pida, que se le borre información sobre todo a los periodistas. Eso es para nosotros uno de los grandes riesgos”, enfatizó.
Destacó que estos aspectos generan preocupación, por lo que entiende sería importante que sean revisados por el Senado de la República (que es donde está el proyecto de ley) y luego por la Cámara de Diputados.
Gestión Inacom sea por cuatro años
El movimiento cívico sugirió que, en vez de dos años, los miembros del Instituto Nacional de Comunicación (Inacom) permanezcan por cuatro años, porque les permite mayor nivel de independencia.
Piden vista pública
La coordinadora de PC y Francisco Álvarez también sugirieron al pleno de la comisión senatorial realizar vistas públicas, para que esta legislación sea debidamente debatida por los actores.
El órgano no partidista no está de acuerdo con la propuesta reciente que presentó el jurista Namphi Rodríguez, coordinador de la Comisión para la Libertad de Expresión (Cclex) que redactó el proyecto, de sacar la regulación de las redes sociales del documento legislativo a fin de trabajarla a parte. La entidad entiende que las plataformas digitales deben ser reguladas.
Dice que no van a “salcochar” la legislación
La senadora Aracelis Villanueva (PRM-San Pedro), presidenta del equipo legislativo, informó que el Congreso Nacional está abierto a escuchar todas sugerencias y que continuará estudiando esta iniciativa legislativa artículo por artículo, porque no es del interés de los senadores “salcochar” el proyecto que busca regular la libertad de expresión en la República Dominicana.
“Desde un principio hemos dicho que estamos abiertos a la democracia, a la participación de todos los sectores que entiendan que deben ser escuchados y si la comisión, que está conformada por 11 senadores, decide que se debe hacer una vista pública, nosotros no tenemos ningún inconveniente”, puntualizó.
Villanueva valoró de manera positiva las declaraciones del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, de mencionar la reforma a la Ley 6132 entre las iniciativas que el Congreso quiere darle salida antes del próximo 26 de julio, pero aclaró que es un proyecto especial que amerita su tiempo. “Ojalá nosotros poder entregarlo en esta legislatura que termina en julio. Estamos haciendo todo lo posible, pero también hay que hacer hincapié en que este es un proyecto especial que no puede salcocharse”, dijo.
