La organización cívica Participación Ciudadana consideró que las precariedades institucionales dominaron el escenario nacional durante todo el año, con el fantasma de la reelección distrayendo la atención de las autoridades y la sociedad y alentando una severa crisis en el partido gobernante.
En su balance anual sobre la institucionalidad, Participación Ciudadana estimó que el país vive una prematura precampaña de varios aspirantes del partido oficial, en desafío a la Ley y reglamentos que establecen restricciones para evitar los excesivos gastos y abuso de recursos públicos.
No obstante, PC resaltó como elemento positivo del año, la aprobación de una Ley de Partidos discutida por dos décadas, que marca algunos avances importantes, sobre todo al postular la transparencia y límites del financiamiento y promover la paridad de género, aunque terminó con varios preceptos de cuestionada constitucionalidad, sometidos al dictamen judicial, algunas inequidades y con un pobre régimen de sanciones que no disuade las violaciones.
Al final del año, el Consejo Nacional de la Magistratura realizó una renovación parcial de cuatro miembros del Tribunal Constitucional, reduciendo el secuestro partidario de ese organismo.
Criticó que la Presidencia incrementa sus gastos y reparte cada vez mayor cantidad de recursos a título personal del Presidente, se mantiene congelada o en reducción la proporción presupuestaria a la Justicia y el Ministerio Público, así como a la salud pública y a múltiples entidades estatales. El poder municipal recibe menos del tres por ciento de los ingresos nacionales, aunque su ley orgánica dispone el diez. El presidente reparte hasta el dinero que la ley ordena entregar a los municipios donde hay explotación minera, que apenas reciben la décima parte de lo que les corresponde.
Señaló que el Congreso Nacional siguió subordinado al Poder Ejecutivo, aprobando préstamos y presupuesto sin mayores ponderaciones y negado a cumplir sus funciones de fiscalización. Esto último quedó demostrado en la negativa de la Cámara de Diputados a investigar los contratos de publicidad y asesoría política por más de 1,300 millones de pesos, otorgados por el gobierno a dos empresas de los asesores políticos del presidente Danilo Medina: Joao Santana y Mónica Moura. La mayoría oficialista rechazó varias veces la petición de crear una comisión de investigación demandada en base a una certificación de la Contraloría General de la República obtenida por la diputada Faride Raful.
“Estudios y encuestas publicados en este año, muestran una alarmante caída de la credibilidad en las instituciones democráticas nacionales. Los poderes legislativo, judicial y ejecutivo aparecen, junto a la Policía Nacional como las cuatro instituciones con menor credibilidad”.
La entidad adujo que el 2018 no registró ningún avance significativo en el compromiso del gobierno dominicano de combatir la corrupción y la impunidad. “Por el contrario, además de mantener las mismas tendencias de años anteriores, crece la percepción de aumento de la corrupción y no se produce ninguna condena importante.
