La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) está revisando las dos denuncias interpuestas sobre las presuntas irregularidades en la autorización para la construcción de un aeropuerto en Bávaro, provincia La Altagracia.
El órgano judicial, que dirige Laura Guerrero, está analizando los documentos para verificar si procede con las pesquisas o posible sometimiento, explicó ayer a este medio la Procuraduría General de la República, de la cual es dependiente.

Esta procuraduría especializada, de acuerdo a fuentes, ha recibido denuncias por posibles actos de corrupción, alegadamente cometidos por 18 funcionarios en las aprobaciones relacionadas con el proyecto del Aeropuerto Internacional Bávaro.

Entre estas, está la depositada por la Corporación Aeroportuaria del Este y antes, según explicó la fuente, hubo otra presentada en enero, que toca a 11 funcionarios en una aprobación similar.

En total, las dos querellas involucran a 18 funcionarios, a los ministerios de Obras Públicas y Turismo, a la Consultoría Jurídica de la Presidencia de la República, al Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), al Departamento Aeroportuario y a la Comisión Aeroportuaria.

Los funcionarios mencionados en las denuncias son el ministro de Obras Públicas, Ramón Pepín; el presidente en funciones de la Comisión Aeroportuaria, Dionis Pimentel; el director del Departamento Aeroportuario, Marino Collante. Y del IDAC están incluidos, Johann Estrada, director de Vigilancia de la Seguridad Operacional; Francisco León, director de Navegación Aérea; Julio Mejía, coordinador técnico de Navegación Aérea; Félix Rosa, encargado de Gestión de Tránsito Aéreo; Juan Ramón Cabrera, encargado del Departamento de Comunicación, Navegación y Vigilancia; Freddy Ruiz, encargado del Departamento de Seguridad Operacional y Julio Rodríguez, del Departamento de Gestión de Información Aeronáutica.

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