En el entramado de corrupción, que dice el Ministerio Público distrajo millones de pesos de entidades castrenses, hay más militares involucrados de los que han sido sometidos a la justicia, y de estos, unos cuantos han colaborado con los fiscales, con cuyas pruebas sustentan sus acusaciones.
En la solicitud de medida de coerción contra los 13 imputados en el caso Coral 5G, los fiscales anticorrupción presentan un listado de pruebas, entre las que destacan documentos aportados por militares que presuntamente tenían funciones claves en la alegada red, como por ejemplo, los recolectores del dinero que supuestamente se desviaba de las nóminas y de otros fondos del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).
A los que colaboran con la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) les dan un tratamiento diferente. “Nosotros estamos abiertos a cualquier persona que esté procesada, que colabore con la investigación y el Ministerio Público se comportará en consecuencia”, dijo en días pasados el titular de la Pepca, Wilson Camacho.
Entre las pruebas que le han sido entregadas a la Pepca por alistados que “tenían pleno conocimiento de las irregularidades”, están discos duros, laptops y teléfonos celulares que, dicen, contienen informaciones relacionadas a los alegados actos de corrupción que ocurrían en los referidos cuerpos castrenses.
¿Qué dicen estos datos?
Uno de los que entregó información es el mayor Raúl Alejandro Girón (llevado a la justicia en mayo pasado por el mismo caso), quien por colaborar con las autoridades cumple arresto domiciliario bajo la custodia del Ministerio Público, contrario a los otro cinco imputados que fueron sometidos junto con él y que ahora están presos en Najayo.
Girón era uno de los que recolectaba el dinero de un personal que cobraba en nómina sin trabajar, también de los viáticos y supuestos gastos de inteligencia y raciones alimenticias, a los cuales les descontaban un porciento que iba destinado a la red criminal que supuestamente dirigía el mayor general Adán Cáceres Silvestre, exjefe del Cusep (cumple prisión preventiva) y de la que presuntamente forma parte el general Juan Carlos Torres Robiou, exdirector del Cestur (arrestado a espera de audiencia de medida de coerción).
Como prueba contra los imputados en el caso Coral 5G, a quienes se tiene previsto que un tribunal le conozca medida de coerción mañana, la Pepca detalló que un disco duro, dado voluntariamente por un capitán implicado, contiene una copia de seguridad de finanzas del Cestur, donde, indican, se evidencia la forma real en la que el entramado gastaban el dinero sustraído.
Otra información que tiene en su poder, le fue dada por un segundo teniente, quien, explica el órgano acusador, establece que le fue entregado dinero del desviado a los generales Julio Camilo de los Santos Viola y Boanerges Reyes Batista, quienes fueron subjefes del Cusep y al capitán Franklin Mata Flores, exdirector de avanzada de la institución.
Hay muchos datos más. Según lo expuesto en la solicitud de medida de coerción, a los fiscales también otro capitán le entregó datos que establecen cuánto dinero se distraía en Cestur durante la gestión de Torres Robiou.
De acuerdo a las pesquisas, se desvían de las compras esporádicas en el Cestur, aproximadamente un millón de pesos mensualmente; en combustible, dos millones; en viáticos, más de doscientos mil; en inteligencia, un millón de pesos, entre otros.
Además, la Pepca presenta como una prueba documental un disco duro externo y una laptop entregados por un capitán que explica el método que supuestamente utilizaban para reclutar a los militares que aparecerían en la nómina sin trabajar, cuyo sueldo debía ser entregado a la red criminal.
Dice la prisión garantiza curso de la investigación
La Pepca ha dicho que debe dictarse prisión preventiva a los imputados, entre otras cosas, por la posibilidad que tienen los principales miembros de la red para destruir evidencias. Además de los generales Torres Robiou, De los Santos Viola y Reyes Batista y el capitán Mata Flores son imputados en el caso Coral 5G, los coroneles Carlos de la Cruz y Miguel Ventura; el teniente Erasmo Pérez Núñez y Kelman Santana; el mayor José Rosario Pirón y la primer teniente Jehohanan Rodríguez, a quienes le imputan los delitos de prevaricación, estafa contra el Estado, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, testaferrato, y otros más. También están acusados los civiles César Ramos y Esmeralda Ortega.
