La prohibición total del aborto en República Dominicana representa una amenaza para la vida y la salud de las mujeres y vulnera sus derechos, consideró la organización Human Rights Watch en un informe divulgado ayer, en el que también reclama la despenalización total de la interrupción voluntaria del embarazo por parte del Congreso Nacional.En el informe de la ONG internacional “Es tu decisión, es tu vida: la criminalización total del aborto en la República Dominicana” se documentan casos de mujeres y niñas que enfrentaron embarazos no deseados con abortos clandestinos, “a menudo asumiendo un grave riesgo para su salud y la vida”.
“Muchas experimentan complicaciones de salud a raíz de abortos practicados en condiciones inseguras, y algunas incluso mueren. Algunas mujeres y niñas sufren abusos, desatención o maltrato por parte de proveedores de la salud. La prohibición no impide que haya abortos, sino que hace que sean clandestinos e inseguros”, subrayó Margaret Wurth, investigadora sobre Derechos de la Mujer de la organización internacional.
Wurth apuntó que el Congreso Nacional debería despenalizar totalmente la interrupción voluntaria del embarazo y asegurar que las mujeres y niñas tengan acceso a abortos seguros y legales, “practicados por proveedores capacitados, en vez de dejar que tengan que recurrir a métodos clandestinos”.
Para el estudio, la organización entrevistó, en cuatro provincias, a 50 mujeres y niñas de entre 15 y 43 años, que en todos los casos habían estado embarazadas al menos una vez, así como a decenas de proveedores de la salud y de servicios sociales y otros expertos.
El Código Penal Dominicano prevé penas de hasta dos años de prisión para las mujeres y niñas que induzcan abortos, y de hasta 20 años para los profesionales médicos que los practiquen, sin embargo, no es habitual que se procesen penalmente estos casos.
“Debido a las sanciones, los proveedores de la salud no pueden interrumpir embarazos cuando sería aconsejable hacerlo según criterios médicos, sin poner en riesgo sus carreras ni exponerse a penas de prisión”, declaró Wurth.
La representante de la organización dijo en ese sentido que “el Congreso tiene una oportunidad de promulgar reformas largamente esperadas al Código Penal de la República Dominicana y despenalizar el aborto, o al menos liberalizar su acceso”.
Complicaciones debido a abortos ilegales
La experta de Human Rights Watcht informó, a partir de datos del Ministerio de Salud Pública, que al menos el 8% de las muertes maternas en el país son provocadas por complicaciones debido a abortos ilegales o espontáneos, y que además cada año 25 mil mujeres y niñas siguen solicitando atención médica en el sistema de salud pública debido a complicaciones relacionadas con abortos inducidos o espontáneos.
