La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) pidió que sean revisadas las sanciones que están siendo aplicadas ante violación de toque de queda, así como las restricciones impuestas para evitar la aglomeración de personas en lugares públicos y privados.
La Finjus manifestó que si bien es cierto que el Poder Ejecutivo tiene facultades extraordinarias en el marco de la prórroga de la declaratoria del estado de emergencia, el ejercicio del poder público durante los estados de excepción está sometido al contenido normativo y a la existencia de mecanismos de control que garanticen su legalidad.
Finjus expresó que no queda claro el criterio normativo utilizado para la categorización y establecimiento de la escala de la multa, la cual no responde al parámetro de la Ley de Salud Pública.
“Nno queda claro el método utilizado para determinar y/o atribuir el monto de las multas por infringir el toque de queda”, expuso la instutción en un documento.
