Juristas y académicos especializados en derecho constitucional coincidieron ayer en la necesidad de que el Gobierno analice con mayor profundidad la propuesta de reforma del presidente, con el objetivo de recabar una amplia gama de opiniones y elaborar una enmienda constitucional que preserve y garantice los principios democráticos.
En un panel organizado por la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), cinco expertos en derecho constitucional se reunieron para ofrecer un análisis académico de la propuesta de reforma de la Carta Magna impulsada por el Gobierno.
El panel estuvo integrado por el reconocido abogado y exconsultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal; el socio fundador de la firma León & Raful, Eric Raful Pérez; la magistrada emérita del Tribunal Constitucional, Ana Isabel Bonilla; el analista jurídico especializado en derecho constitucional y director técnico de la Procuraduría, Félix Tena de Sosa; y la abogada y docente de derecho constitucional Maycar Mejía, quien actuó como moderadora.
Uno de los temas centrales del debate fue la necesidad de un referendo aprobatorio para petrificar ciertas cláusulas de la Constitución.
Algunos juristas opinan que no es necesario, mientras que otros, como el doctor Flavio Darío Espinal, sostienen que es indispensable para evitar que en el futuro se puedan modificar estas cláusulas con una simple mayoría, lo cual no resolvería el problema.
Sobre la elección del Procurador General de la República, los expertos coincidieron en que es un asunto que debe ser analizado con detenimiento.
Todos estuvieron de acuerdo en que hay aspectos de la propuesta que merecen ser considerados para asegurar que cualquier enmienda preserve los principios democráticos y fortalezca el sistema judicial del país.
El director técnico de la Procuraduría, Félix Tena, señaló la importancia del Estatuto de la inamovilidad y la alternancia en el cargo, al considerar la experiencia de otras jurisdicciones.
Unificación de las elecciones
El jurista Eric Raful consideró que el argumento económico no es suficiente para justificar la unificación de las elecciones. Mientras tanto, la abogada Maycar Mejía insistió en que el voto preferencial es una conquista que debe ser considerada en la discusión.
Los panelistas estuvieron de acuerdo en que la reducción de representantes en la Cámara de Diputados no debe basarse únicamente en factores económicos, sino también en la representatividad. Consideraron que las reformas constitucionales deberían equilibrar el poder entre el Ejecutivo y otros poderes estatales, y proteger siempre la democracia.
“El proyecto de reforma presentado debe ser cuidadosamente analizado y revisado para garantizar su efectividad”, concluyó Mejía.
El panel finalizó con un llamado a un análisis más profundo y a la inclusión de diversas opiniones en el proceso de reforma, y se subrayó la importancia de un enfoque inclusivo y democrático en la elaboración de cualquier enmienda constitucional.
El panel trató las implicaciones legales, sociales y políticas de la reforma constitucional, abordó temas como el debate sobre los mecanismos de aprobación, la pertinencia de unas elecciones unificadas, la selección del procurador, la cantidad de diputados y los candados a la Carta Magna.
Bonilla favorece dos periodos y nunca más
La magistrada emérita del Tribunal Constitucional, Ana Isabel Bonilla, ha expresado su firme postura respecto a la reelección presidencial en la República Dominicana. Bonilla destacó que la Constitución ya ha establecido un “candado” para evitar la reelección inmediata.
Sin embargo considera que el mejor sistema es el modelo norteamericano de dos periodos y nunca más, porque ocho años de un buen gobierno son fabulosos, pero ocho años de un gobierno malo son insostenibles. Por ello, la Constitución dominicana establece que ningún funcionario de elección popular puede beneficiarse de una reforma inmediata, se evitaría así que el presidente en ejercicio busque una reforma para su reelección.
Héctor Alies, director de la Escuela de Derecho del campus Santo Domingo, explicó que el panel busca arrojar luz sobre estas discusiones y aportar voces autorizadas a un tema que involucra la institucionalidad dominicana. La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) apoyó el debate. Los panelistas compartieron su visión sobre los aspectos más relevantes de la propuesta y hablaron de los desafíos que representa para el sistema democrático dominicano.
