El jurista Ángel Lockward demandó la nulidad de varios procesos judiciales y solicitó a la procuradora Miriam Germán, la investigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

De acuerdo a Lockward, esta solicitud se debe a que la Pepca ha estado utilizando un “Informe de puro trámite” atribuido a la Contraloría General para diligencias judiciales, que ha embargado pagos por RD$ 17 mil millones a 89 empresas y personas e interrogado a más de cien.

Lockward dijo que la instancia depositada el pasado 5 de agosto ante el Tribunal Superior Administrativo, no fue remitida al contralor y que en consecuencia, este no convirtió «dicho informe», además tampoco lo remitió a la procuradora general.

“Todas esas son preguntas que deben ser respondidas por doña Mirian ¿Quién, usurpando las funciones del Contralor, quiénlo llevó a Procuraduría?, ¿Quién, está usurpando la calidad de la Procuradora, lo recibió?”, añadió

Según el expediente administrativo se obtuvo una orden judicial el 29 de diciembre del 2021 de la Juez Coordinadora de los Juzgados de Instrucción en contra de un centenar de personas jurídicas y de ciudadanos.

Basado en ese documento el 2 de febrero del 2022 se interpuso una oposición mediante Oficio PEPCA 0457-2021 ante el Ministro de Hacienda que afecta a 49 personas por unos RD$ 17 mil millones de pesos.

Más adelante, el 16 de febrero de este 2022, la pepca interpuso una oposición por otros RD$ 7,700 millones, esta vez en contra de sentencias definitivas de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Superior Administrativo, todo eso sin orden judicial.

“Los oficios del PEPCA dicen fundarse en los artículos 185 del Código Procesal Penal y 12 de la Ley del Ministerio Público, ninguno de los cuales facultan para trabar embargos, con lo que la Procuraduría se pone por encima de la Ley y se atribuye competencias del Poder Judicial”, Manifiesta Lockward

Agregó que: “Toda la denuncia huele a prevaricación, abuso de poder, usurpación de funciones y otros delitos aplicables a los funcionarios públicos que la procuradora German está obligada a investigar y, de ser ciertos, aplicar las sanciones de lugar pues no se trata de alegaciones alegres, sino de medidas adoptadas y de oficios firmados por el director del PEPCA, Wilson Camacho , y de dos instancias judiciales de la Contraloría, en esto no hay nada de la oposición política, ni de los investigados”.

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