La Corporación Aeroportuaria del Este depositó ayer, a través de su abogado, una instancia ante el Ministerio Público para que se le informe cuál es el estatus de dos denuncias que pesan contra 17 exfuncionarios por presuntamente haber violado varias leyes durante la aprobación del Aeropuerto Internacional de Bávaro.
En el documento, también pidieron a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) avanzar con la fase de la investigación penal para que por fin este país conozca con pruebas contundentes todo lo que se movió detrás de esa aprobación.
Así lo informó el jurista Miguel Valerio, quien indicó que hubo una cadena de irregularidades a lo largo de todo el proceso de aprobación de esa obra que fue otorgada “grado a grado”, sin una licitación, incumpliendo múltiples normativas legales, con el único propósito de beneficiar a un determinado grupo económico. “La aprobación de ese aeropuerto por parte de las pasadas autoridades es sencillamente injustificable a la luz de las leyes, y lo que presumimos, y es muy obvio, es que hubo corrupción por parte de varios funcionarios del pasado gobierno”, expresó el jurista.
