Santo Domingo.– La abogada Ingrid Hidalgo solicitó al juez Reymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, la imposición de medidas cautelares sobre los bienes de los imputados Antonio Espaillat López y Maribel Espaillat de Vera.
Entre las medidas requeridas figuran la inscripción de una hipoteca judicial provisional y un embargo retentivo por un monto de RD$300 millones, como garantía de posibles responsabilidades civiles.
Durante la audiencia, Hidalgo también solicitó al tribunal admitir como elementos probatorios todos los documentos y testimonios presentados en la querella civil, así como la condena de los imputados al pago de las costas procesales en favor de los abogados concluyentes, entre ellos Ingrid Martínez y Manuel Antonio García.
En una intervención separada, los abogados José Antonio Vardés Fernández, Ingrid Martínez y García, actuando en representación de la víctima y actora civil Massiel Javier Almonte esposa del fallecido expelotero Octavio Dote solicitaron autorización para inscribir medidas conservatorias adicionales sobre los bienes de los acusados y de la entidad Inversiones E y L SRL, por un monto de RD$60 millones.
Los representantes legales pidieron además que se declare válida la querella, que se acojan las pruebas presentadas y la calificación jurídica formulada por el Ministerio Público, y que se reconozca formalmente a Javier Almonte como víctima y actora civil en el proceso.
En cuanto a las medidas de coerción, solicitaron la imposición de una garantía económica de RD$75 millones para cada uno de los imputados: Antonio Espaillat López, Ana Grecia López, Maribel Espaillat de Vera y Evelin Espaillat Aybar, monto que sería depositado en el Banco de Reservas.
Asimismo, requirieron la autorización para inscribir hipotecas judiciales provisionales y ejecutar embargos retentivos por RD$60 millones adicionales sobre los bienes de los imputados y de la entidad Inversiones SRL, como garantía de las reclamaciones civiles.
La parte querellante reiteró su intención de perseguir las responsabilidades civiles derivadas del proceso en un eventual juicio de fondo.
