Organizaciones de la sociedad civil aseguran que es necesario contar con mecanismos para regular el financiamiento de los partidos políticos, los candidatos y precandidatos a cargos electivos.
Las entidades, a través de un comunicado de prensa, promueven, además, la necesidad de adoptar medidas, políticas y normas que mediante su implementación y cumplimiento establezcan los controles necesarios para prevenir y contener la penetración del crimen organizado en la actividad política.
Señalan que recientes incidentes en los que se han visto admisiones por parte de miembros de partidos políticos del uso de fondos provenientes del soborno para la financiación de sus campañas y hasta la extradición de miembros del Congreso Nacional para comparecer ante la justicia de los Estados Unidos por cargos de narcotráfico, demuestran que fondos de fuentes ilícitas han penetrado y han corrompido el sistema político dominicano.
Hacen hincapié en que “el financiamiento político sin control es la puerta de entrada para establecer esquemas de lavado de activos, que condicionan su funcionamiento y capturan las estructuras del Estado, al penetrarlas para facilitar la actividad del narcotráfico y el crimen, lo que deforma la competencia electoral, la representación y también desmantela el sistema democrático y los cimientos del Estado social democrático de derechos.”
En carta entregada al ministro de Hacienda, José Manuel -Jochi- Vicente, las organizaciones solicitaron de manera formal que el Comité Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo dicte el reglamento correspondiente para incluir a los partidos y agrupaciones políticas como sujetos obligados, así como a candidatos y precandidatos a cargos electivos.
Esto, a fin de que los partidos estén en la obligación de adoptar un programa de cumplimiento, políticas y procedimientos para evaluar los riesgos de lavado de activos, implementar metodologías de gestión de riesgo, realizar el monitoreo y los procesos de debida diligencia, designar oficiales de cumplimiento y cumplir con las demás obligaciones que establece la ley.
Según el artículo 33 de la Ley 155-17, que regula la materia, se establece que “Reglamentariamente, el Comité Nacional Contra el Lavado de Activos podrá incluir como sujetos obligados, a quienes realicen otras actividades no incluidas en la presente ley y que se consideren que presenten riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y, como tal, deban contar con mitigadores para impedir que sean utilizadas para dichas actividades ilícitas.”
Entre las organizaciones firmantes se encuentran el Centro Juan XXIII, Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Fundación Masada, Santiago Somos Todos, Ciudad Alternativa, Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) y Participación Ciudadana (PC).
Parte del contenido de la carta remitida a Hacienda pondera que en el país el lavado de activos, vía el financiamiento político, se debe prevenir “con todas las herramientas legales y en todas las instancias de la sociedad”.
