Pimentel Kareh dice irregularidades no son de su gestión

Miguel Pimentel Kareh, exdirector de la Oisoe.

Aunque los contratos se firmaron en el año 2012 y tenía vigencia durante su administración, Miguel Pimentel Kareh, exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), no sería el responsable de los pagos irregulares hechos para el equipamiento general y adecuación de los hospitales de La Descubierta, Jimaní, provincia Sánchez Ramírez y el Morillo King de La Vega.

Durante una visita a elCaribe, Pimentel Kareh explicó que no tiene nada que ver con los contratos firmados por un monto de mil 330 millones 312 mil 117 pesos, sin evidencia de los hechos que sirvan de base para declararlos y ampararse en el decreto. .
Los contratos firmados entre el 4 y 22 de junio de 2012, cuya duración eran de nueve meses, fueron firmados por Luis Sifres y este habría autorizado pagar dos mil 676 millones 719 mil 329 pesos, más del 50 % establecido por la ley, a los proyectos que según la investigación especial de la Cámara de Cuenta no cumplían con los requisitos para acogerse a una declaratoria de emergencia.

“En mi gestión a esa gente no se le desembolsó un centavo, mucho menos los hospitales que están refiriendo, que llegaron después que yo. Todo eso lo manejó el señor Sifres hasta que yo llegué. Cuando yo llegué para mí eso no existía porque no le hice ningún desembolso, ni pago ni nada. Yo no tenía apropiación sobre eso, no tenía dinero para pagar nada de eso ni se me autorizó ni se emitió un presupuesto ni nada”, expresó.
“Miguel Pimentel no está en ningún hospital, no tiene que ver en nada con ningún hospital. En mi gestión no se manejó ninguna de esas cosas de esos hospitales”, señaló el exdirector de Oisoe en referencia a los contratos antes citados.

Dijo que encontró una institución sin recursos y que no tenía presupuesto cuando ingresó en agosto de 2012 y que “a quien alcanza es a Luis Sifres y a Francisco Pagán”, destacó.

Informe

En el informe que fue remitido a la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), los auditores hacen referencia a cuatro contratos suscritos amparados en un decreto de emergencia que no incluía a esa entidad ni al Ministerio de Salud Pública. Los hospitales que fueron elegidos tampoco cumplían con los requisitos debido a que el equipamiento no formaba parte del decreto 230-12 emitido por el entonces presidente de la República, Leonel Fernández.

A los auditores les llamó la atención el hecho de que dichas obras y equipamientos, pese a ser declarados de urgencia por la OISOE, los trabajos iniciaron cinco años después, es decir en el año 2017 y que los informes de estas contrataciones no hayan sido remitidos a la Contraloría General y la Cámara de Cuentas como lo establece la ley de compras y contrataciones públicas.

La Cámara de Cuentas dice que para el diseño y equipamiento de los hospitales traumatológico y materno infantil de Santiago al consorcio Sucomex se le pagó mil 522 millones, equivalentes al 63 % de los fondos contratados; en el caso del hospital general de La Descubierta fueron casi 332 millones de pesos, 134 %, los desembolsados a García Esmeter Soluciones y Construcciones y para el hospital de la provincia Sánchez Ramírez se pagó más de 255 millones a Tool Resources Enterprince Toreen equivalente al 99 % del monto acordado.

En el caso del hospital de Jimaní, se pagaron casi 134 millones de pesos, es decir, el 80 % del monto del contrato a Gilberto José Guerrero Victoria y para los trabajos en el Morillo King de La Vega, se pagaron 484 millones de pesos a Tool Resources, es decir el 74 % .

Los hospitales no cumplían con los requisitos debido a que el equipamiento no formaba parte del Decreto 230-12 emitido por el entonces presidente de la República, Leonel Fernández, dice la investigación.

“A mí no me dejaron un peso”

Pimentel Kareh explica que si bien la fecha de vigencia de los contratos suscritos con García Esmeter Soluciones y Construcciones que recibió un 134 % monto pactado y Tool Resources Enterprince Toreen que recibió 99 % y 74 %, respectivamente, tenían una vigencia que abarcaba su gestión en la Oficina de Ingenieros Supervisores, él no autorizó pagos ni firmó nada que tenga que ver con esos proyectos. “Ya todo lo que estaba aprobado para ese año, que lo había aprobado el Congreso el año anterior, ya lo había ejecutado el señor Sifres. Todo. A mí no me dejaron un peso”, puntualizó en referencia a los resultados de la investigación especial que hizo la Cámara de Cuentas.

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