En el marco del proyecto se plantea, si procede, firmar o ratificar tres acuerdos internacionales, entre el 2019 y el 2020. El Plan Nacional de Derechos Humanos que presentó esta semana la Cancillería contempla un programa para garantizar los derechos de los migrantes, refugiados y solicitantes de asilo, que entre otros beneficios, prevé “garantizar que los refugiados y solicitantes de asilo disfruten plenamente de la debida documentación y de sus derechos económicos, sociales y culturales incluyendo el acceso a educación, salud y vivienda de calidad”.
Igualmente, busca “promover y asegurar la participación y coordinación entre las organizaciones comunitarias para que difundan la información pertinente y sirvan de apoyo a los mig rantes solicitantes de asilo, refugiados y sus familiares”. El documento fue presentado el pasado lunes por el canciller, Miguel Vargas junto a un grupo de entidades.
El plan también busca fortalecer los puntos fronterizos y de embarque para informar a “potenciales refugiados sobre sus derechos y deberes al momento de ingresar al territorio dominicano”. También contempla una reforma al sistema nacional de refugiados para adaptarlo a los estándares internacionales y que debería estar listo antes de que finalice el 2021.
Asimismo, el plan tiene en carpeta darle asistencia con intérpretes capacitados en los centros de servicio en las instituciones públicas a los refugiados y asilados que lleguen al país.
Ese documento también tiene un programa contra la discriminación y la apatridia que contempla la firma de varios acuerdos internacionales en el 2019 e impulsar un proyecto de ley General de Igualdad y no Discriminación que combata la discriminación por cualquier razón y que al mismo tiempo la penalice.
“Establecer mecanismos eficaces y adecuados para investigar, perseguir y sancionar las conductas discriminatorias”, establece ese apartado. La propuesta también prevé que en el próximo Censo Nacional de Población se incluyan variables sobre grupos en minoría, así como fortalecer las instituciones encargadas de investigar los crímenes de odio y discriminación.
El proyecto evaluará la cantidad de documentos que se expidan las instituciones correspondientes con relación al número de solicitudes.
Igualmente, contabilizará las denuncias de los interesados sobre el incumplimiento de la expedición de documentos como tarjeta de viaje, carné de residencia, o cédula y que no se entreguen en el tiempo previsto.
Proyecto arrancó 2014 y consultó 750 entidades
Según consta en el documento publicado por la Cancillería, el plan arrancó en el 2014 y fue lideraado por esa institución. Establece que entre marzo y mayo del 2015 se hicieron cinco consultas regionales en la que participaron más de 800 personas y 750 organizaciones de la sociedad civil. El plazo de aplicación de esas medidas son cuatro años y en su presentación estuvieron representantes de entidades nacionales y extranjeras.
