El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) decidió no recurrir la sentencia del Tribunal Superior Administrativo que otorga la categoría de partidos mayoritarios a Fuerza del Pueblo y al Partido Revolucionario Dominicano (PRD).
El Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) decidió dejar sin efecto su decisión de recurrir en casación la sentencia del TSA que anuló la resolución No. 01-2021 de la Junta Central Electoral que establecía la distribución económica de los fondos públicos a los partidos políticos, y que determinaba que solo el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y el PLD habían adquirido los votos suficientes para la distribución del 80 % de los fondos públicos.

La decisión fue anunciada luego de una reunión del Comité Político realizada ayer en la Casa Nacional.

“En este sentido, el PLD, luego de un proceso de reflexión sobre la importancia de contribuir al fortalecimiento del sistema de partidos, ha decidido no recurrir la sentencia del Tribunal Superior Administrativo (TSA), a pesar de que dicha sentencia carece de los más elementales fundamentos jurídicos para elevar a derecho fundamental el acceso a los fondos públicos por parte de los partidos políticos; y para decidir la aplicación de manera acomodaticia el principio de favorabilidad en una situación en la que es notoriamente improcedente”, expresa una nota de la secretaría de Asuntos Jurídicos del PLD.

La nota de prensa explica que tomando en cuenta que la JCE ha aplicado el principio de favorabilidad no solo a favor de un partido, como ordenaba la decisión judicial, sino de manera transversal a todos los partidos, agrupaciones y movimientos políticos del sistema, el PLD decidió no recurrir la sentencia del TSA para no afectar a esas otras organizaciones políticas que con este nuevo criterio recibirán una mayor cantidad de recursos económicos.

El PLD denunció que con la ejecución inmediata de la sentencia, a pesar de la prohibición establecida expresamente en la decisión del TSA, la JCE ha violado flagrantemente el principio de legalidad.

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